Granier compareció hoy en esta capital ante un juzgado penal después de que fuera detenido anoche en un hospital en el que estaba siendo atendido al alegar problemas cardíacos, lo que le había permitido librarse de las órdenes de arresto emitidas en su contra.
El exgobernador, de 65 años, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), compareció hoy por primera vez ante una jueza penal de esta capital, Taissia Cruz, en la cárcel en la que fue recluido anoche.
La declaración, que pudieron seguir los periodistas sin cámaras ni teléfonos móviles, sirvió para que le leyeran los cargos, uno de ellos por presuntas operaciones con fondos de procedencia ilícita por valor provisional de 35,3 millones de pesos.
También se han levantado cargos contra él por presunta defraudación fiscal, pero sin especificar los montos.
Granier, que regresó a México el 11 de junio pasado desde Miami, después de varios meses de ausencia a pesar de que la justicia de Tabasco estaba reclamando su comparecencia, explicó las razones por las cuales se encontraba fuera del país.
Señaló que estaba en el extranjero para ser atendido en Miami por males cardiacos y un problema de próstata, por supuestas amenazas de muerte y para distanciarse con las autoridades que asumieron el poder en Tabasco el pasado 1 de enero.
En su declaración, que se prolongó por 40 minutos y que tuvo que ser interrumpida para que le dieran una pastilla para regular su presión arterial, Granier afirmó que las acusaciones levantadas contra él forman parte de la "persecución política" que enfrenta.
Culpó de ello al actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien el 22 de febrero pasado denunció que durante la gestión de Granier (2007-2012) hubo un presunto desfalco de 1.918 millones de pesos (151 millones de dólares) y un elevado endeudamiento.
Granier ya había declarado previamente ante una dependencia de la fiscalía general, el 12 y 13 de junio, pero esta es la primera vez que comparece ante el juez para conocer formalmente los cargos.
La Justicia mexicana tendrá que definir la situación jurídica del exgobernador antes del próximo martes.