La presidenta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, Alicia Hernández Olivares, dijo que se busca centralizar el apoyo a este grupo vulnerable, para que toda persona con discapacidad goce del respeto a su integridad física y mental en igualdad de condiciones.
Desde hace varias décadas, indicó, en el estado se realizan acciones para su integración plena a la sociedad, principalmente en los ámbitos de salud y educación.
“Aún falta erradicar la discriminación e incluso, los malos tratos de que son objeto, por tal razón consideramos adecuada la propuesta de crear la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad en Nuevo León”, enfatizó.
La operación, expuso, “se concentraría en una sola instancia para atenderlas y darles seguimiento, hasta obtener una respuesta satisfactoria a las demandas”.
La procuraduría, explicó, será un órgano administrativo público desconcentrado, que dependerá del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y que contará con presupuesto propio de 1.5 millones de pesos para cumplir con su propósito.
Con la reforma al artículo 49 de la Ley de Personas con discapacidad de Nuevo León, se establece que el Consejo integrará, en coordinación con la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, un programa estatal de prevención, atención e integración, así como propondrá los lineamientos y mecanismos para su ejecución, indicó.
Expuso que la procuraduría podrá hacer uso del apercibimiento, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta por treinta y seis horas, para hacer cumplir sus atribuciones y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
En caso de violar la misma, advirtió, podrá dar vista a la autoridad competente para que proceda a su investigación y, en su caso, a la sanción de esta violación.
Refirió que el procurador de la defensa de las personas con discapacidad deberá ser nombrado en un plazo no mayor de 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.