Activistas piden "valor" a Congreso y Obama para reforma migratoria

Decenas de activistas reanudaron hoy sus protestas ante el Congreso de Estados Unidos en reclamo de una reforma migratoria y un alto en las deportaciones hasta que se logre dicha ley, en vísperas de que se bata el récord de dos millones de indocumentados deportados bajo el gobierno de Barack Obama.

Unos 70 activistas procedentes de más de media docena de estados norteamericanos se desplazaron hasta la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Su objetivo era entregarle sendos "emblemas de valor" -una especie de medalla de cartón con forma de cruz y la palabra "courage", "valor", escrita en el centro- en representación de las hasta 16,000 firmas que han recogido pidiéndole precisamente "valentía" para impulsar la reforma migratoria.

El Senado ya aprobó a mediados del año pasado una propuesta migratoria bipartidista que prevé una vía a la ciudadanía para los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país a cambio, entre otros, de un ingente refuerzo de la frontera con México. Sin embargo, desde entonces la iniciativa está literalmente estancada en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana ha impedido cualquier intento de avanzar propuestas migratorias.

Los activistas, al igual que los demócratas, afirman que la clave está en Boehner, quien tiene el poder de convocar una votación del pleno para una iniciativa legislativa para la que aseguran tienen suficientes votos. Pero Boehner lo ha impedido hasta ahora y, aunque a comienzos de año presentó unos "principios migratorios" y ha reiterado que quiere votar leyes parciales, hasta ahora no ha hecho ningún gesto en este sentido.

"Estamos aquí porque no entendemos la palabra 'no' cuando están hablando de nuestras familias, estamos aquí para escuchar un 'sí' por la reforma migratoria y por nuestras familias y nuestro futuro", dijo hoy la directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA), Angélica Salas.

"Los votos para aprobar la ley están, pero necesitamos que el presidente (de la Cámara) programe una votación, Boehner, fije una votación", le instó entretanto el congresista demócrata por Nevada Steven Horsford.

Las críticas de los activistas proinmigración no se limitan sin embargo a los republicanos del Congreso.

Cada vez más, las quejas se dirigen también a la Casa Blanca, a la que recuerdan que Obama logró su reelección en 2012 en buena parte gracias al voto hispano que lo apoyó de forma masiva pero que, desde entonces, se siente cada vez más frustrado con el presidente, al que recientemente una reputada activista migratoria llegó a llamar "deportador en jefe", para enfado del mandatario.

Y es que, recuerdan los activistas, bajo el gobierno de Obama las deportaciones de indocumentados han logrado cifras récord que podrían evitarse si el mandatario actuara con sus poderes ejecutivos como ya hizo en 2012, cuando decretó una "acción diferida" para evitar la deportación de jóvenes indocumentados que estudian o sirven en el Ejército, y que ahora piden extienda a sus familiares y otros grupos de sin papeles, algo que el mandatario ha dicho que no puede hacer.

"Ya se nos acabó la paciencia con el presidente, ya tenemos más de tres años diciéndole que pare esas deportaciones, nunca pensamos que iba a ser el presidente de las deportaciones", lamentó Salas.

Según los cálculos de las organizaciones proinmigración, el próximo lunes 17 se llegará a la cifra de dos millones de órdenes de deportación emitidas durante el mandato de Obama, algo que Salas consideró "una vergüenza para esta nación y para este presidente".

"Nunca en la historia de este país se había visto la separación de tantas familias, la única otra vez fue en la época de la esclavitud", señaló.

Frente a las aseveraciones de Obama de que no puede usar sus poderes ejecutivos para limitar las deportaciones, los activistas afirman que sí tiene tanto margen de maniobra en este aspecto -ampliando por ejemplo la "acción diferida"- como también ordenando un cumplimiento más estricto a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los principios a seguir a la hora de ordenar una deportación, como el priorizar a indocumentados con antecedentes y evitar separar a familias, entre otros. (DPA)