Con esta nueva disputa, Argentina acumula seis procesos ante la OMC, dos como demandante y cuatro como demandado, en el plazo de tres meses, en una "guerra comercial" que nace de las políticas de importación del país sudamericano, vistas por varios países como "proteccionistas" y contrarias al espíritu del libre comercio.
Una cuarentena de países se han manifestado de una manera u otra contra las licencias no automáticas y otras medidas que Argentina impone a las importaciones de un amplio abanico de mercancías, como neumáticos, tractores, computadoras portátiles, electrodomésticos, químicos, automóviles, maquinarias, textiles o papelería.
Estos países se quejan de que sus exportaciones a Argentina se han reducido por este motivo, algo a lo que Buenos Aires responde afirmando que las estadísticas muestran lo contrario y que las compras a la mayoría de los reclamantes se están incrementando.
Las licencias no automáticas son el paso legal necesario para la importación de productos al país sudamericano y, según las reglas de la OMC, el procedimiento administrativo para conseguirlas debería ser transparente, sencillo y predecible, incluso facilitando su concesión rápida y automática en determinados casos.
Pero este no es el caso en Argentina, según han denunciado ante varias instancias de la OMC los 27 países de la Unión Europea (UE), Australia, Turquía, Noruega, Tailandia, EEUU, Nueva Zelanda, Costa Rica, Colombia, Perú, México, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Canadá.
Según estos países, en la actualidad todos los productos que compra Argentina están afectados en la práctica o implícitamente por el requisito individual de la licencia para su importación.
Argumentan además que las licencias que se conceden forman parte de una política de "equilibrio comercial" y que se impone a los exportadores la condición de que el importador adquiera el derecho automático a exportar o invertir en la producción local.
Las trabas que impone Argentina a la importación de productos para promover la industria local también han despertado quejas entre sus vecinos, como Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay.
El debate y las quejas en la OMC se tornaron en medidas concretas el pasado 25 de mayo cuando la UE decidió dar el paso de solicitar consultas con Argentina en relación con estas medidas, en respuesta a la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de nacionalizar la petrolera YPF, según aseguraron entonces fuentes comunitarias.
Buenos Aires reaccionó el 20 de agosto reclamando consultas con la UE y España por las restricciones de este país a la importación de biodiésel, en las que Argentina se siente perjudicada, y un día después Estados Unidos y Japón también plantearon individualmente una disputa contra el país sudamericano por su política importadora.
México hizo lo propio el pasado día 24.
Fuentes diplomáticas informaron a Efe de que Turquía, Ucrania, Japón, Canadá, Guatemala y Australia también han expresado su interés por las consultas en referencia a las medidas argentinas que afectan a la importación y que lo más probable es que las cuatro disputas individuales planteadas "se fusionen" en una sola.
Como ya hiciera en el caso de la UE, Buenos Aires responde ahora a EEUU denunciando que Washington lleva diez años prohibiendo la importación de carnes bovinas frescas (enfriadas o congeladas) provenientes de Argentina sin fundamento científico, teniendo en cuenta la consideración del país sudamericano como zona libre de aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
La solicitud de consultas es el primer paso del mecanismo de solución de disputas de la OMC para dirimir los problemas entre sus Estados miembros, y establece un periodo de 60 días para que las partes lleguen a un acuerdo, algo que ocurre en contados casos.
Lo habitual es que pasado ese plazo no haya acuerdo y que la OMC cree un panel de expertos que decida sobre el caso, cuya resolución puede ser recurrida, en un proceso que puede prolongarse años.