En esta segunda mesa de análisis a la Cuenta Pública 2013, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, explicó que el informe comprende 109 auditorías y dos evaluaciones de políticas públicas a 43 entes vinculados con Funciones de Desarrollo Social.
El Auditor puntualizó que se detectaron áreas de riesgo que afectan la eficacia de los objetivos de los programas, estas áreas se relacionan con la información de beneficiarios de los programas sociales y con la efectiva participación ciudadana en estos programas. Expuso que también se han identificado riesgos en los subsidios proporcionados por el gobierno federal.
Informó que en los padrones de beneficiarios los datos no están sistematizados ni son confiables respecto a sus receptores, lo cual debilita el impacto de un programa, de un subsidio o un apoyo, y la carencia de esta información puede tener un alto costo social.
Respecto a los procesos de participación ciudadana, indicó que el marco jurídico que lo sustenta se encuentra fragmentado, carece de integralidad y la implementación de sus disposiciones está sujeta, en muchos casos, a la voluntad de autoridades y funcionarios, por lo que sus esquemas y normativa deben ser fortalecidos.
En otra área de riesgo identificada, se refirió a los servicios suministrados por particulares; sobre estos destacó en específico que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social erogaron casi 17 mil millones de pesos en servicios médicos y de guarderías subrogados a particulares.
Explicó que la subrogación por sí misma no es un problema: “Lo que sí representa un espacio de vulnerabilidad es la falta de supervisión en materia de seguridad y protección civil en las guarderías subrogadas, situación que se constató en el caso del ISSSTE”, dijo.
En otro tema, aseguró que la ASF encontró que estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa de Pensión de Adultos Mayores, así como la operación del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, presentaron irregularidades en materia de adquisiciones y contrataciones.