De acuerdo con el dictamen que se aprobó sin discusión, las dependencias deberán remitir el informe en un término no mayor a 15 días naturales.
En las consideraciones del documento, los legisladores destacaron la importancia de combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz, a fin de garantizar el correcto uso, manejo y aplicación de los recursos públicos.
Mencionaron que en reiteradas ocasiones se ha cuestionado la legalidad de contratos asignados a algunos contratistas recurrentes para obras estatales durante la presente administración. Dentro de ellos, se agrega, destaca el Grupo Higa.
El dictamen refiere que entre las obras en las que dicho Grupo ha tenido alguna participación se encuentran proyectos de autopistas, un plan para remodelar el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados y la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro.
“Hasta la fecha --se agrega en el documento aprobado-- se desconoce la información necesaria que permita garantizar la transparencia en los recursos que para esos proyectos han sido o debieron ser asignados”.
Se subraya la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que se utilicen bajo la más estricta vigilancia y eficacia.
Se trata, consideraron los legisladores, de garantizar a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron recaudados, por lo que es conveniente solicitar a las autoridades competentes información sobre los proyectos en los que el consorcio ha tenido participación con el gobierno federal.