Las modificaciones a los artículos 34 Bis y 75 buscan que las autoridades educativas promuevan las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la enseñanza, en especial, de las niñas menores embarazadas, indicó la legisladora.
También se propone infraccionar y sancionar a quienes nieguen la educación y el acceso a los centros educativos a menores embarazadas.
“Esta enmienda nos parece de la mayor relevancia, ya que existe una vinculación muy alta entre embarazo adolescente y deserción escolar, y la relación de este vínculo con la pobreza”, señaló Romo Fonseca.
Aseguró que frecuentemente se observa que la deserción escolar de niñas y adolescentes embarazadas es provocada por la gran desaprobación social en instituciones educativas, el escarnio al que son sometidas genera que abandonden sus estudios y la mayoría jamás retoma lo que dejaron pendiente.
Dijo que en México, se presentan al año 400 mil embarazos de menores de 18 años, las cuales tienen que cambiar sus libros por biberones y pañales.
Esta cifra representa 17 por ciento del total de nacimientos y catorce mil de estas madres se ven en la necesidad de abandonar la escuela.
Existen nueve mil 579 adolescentes, entre los 12 y los 18 años, que están en riesgo de abandonar la primaria o la secundaria por estar embarazadas o ya ser madres jóvene, agregó.
El Estado de México, Veracruz, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal, son las entidades que concentran al mayor número de mujeres adolescentes en estas condiciones de embarazos “tempranos” o de adolescentes que se convirtieron ya en madres, al sumar más de tres mil casos.
La iniciativa propuesta establece en el artículo 75, relacionado con infracciones de quienes prestan servicios educativos, capítulo XII, lo siguiente: Negar la educación y el acceso a los centros educativos a menores embarazadas, así como la no vinculación de los casos registrados con el sector salud.