La senadora Blanca Alcalá Ruiz explicó que, a través de un crédito puente por mil 600 millones de pesos, que provendrá del gobierno federal para la creación del Fondo de Apoyo para los Ahorradores de Ficrea, se cubrirá al 100 por ciento el capital del 80 por ciento de los defraudados, que suman cinco mil 319 personas.
El 20 por ciento restante de los defraudados, cuyos ahorros son superiores, habrán de continuar el proceso normal de monetización, añadió.
La legisladora por el Partido Revolucionario Institucional sostuvo que, sin la intervención del Congreso para la creación de este fondo, sólo habría sido posible dar respuesta satisfactoria al 39 por ciento de los ahorradores, a quienes cubre el seguro de hasta 135 mil pesos.
Por su parte, el senador Javier Lozano Alarcón precisó que habrá cuentas que superen el millón de pesos, por lo que si los ahorradores aceptan el millón de pesos, cederán sus derechos de cobro al gobierno federal, el cual se convertirá en el principal acreedor frente a Ficrea.
Esto, precisó el senador por el Partido Acción Nacional, porque el gobierno federal deberá recuperar el monto de dicho crédito puente con cargo a la cartera y activos de Ficrea, tras el proceso de monetización, a fin de evitar que este apoyo a los ahorradores se convierta en una especie de proceso de rescate que sea pagado por los contribuyentes.
Un segundo instrumento, de monetización, abundó, consiste en la creación de un fondo de apoyo por parte de Nacional Financiera (Nafin) por mil millones de pesos, con los que se cubrirá a prorrata a los acreedores que no cobraron en la primera su millón de pesos. Es decir, “cobrarán una parte nada más, la parte de prorrata que corresponda”.
Los que quedan al final se van a la etapa del concurso mercantil y eventual quiebra, para que en orden de prelación, cobren lo poco que queden de los activos de Ficrea. “¿Quién estará en primerísimo lugar para efectos de ese cobro? El gobierno federal, porque es el que se convierte en el principal acreedor y entonces comienza a cobrar con cargo a ese otro fondo de Nacional Financiera”, concluyó el senador panista.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, señaló que el Congreso dará seguimiento al concurso mercantil para que el 20 por ciento de defraudados con ahorros superiores al millón de pesos puedan recuperar su dinero.
Para ello, puntualizó, se revisará la labor que realice la Secretaría de Hacienda en cuanto a la venta de los activos, cartera y se entregue en forma prorrateada a ese 20 por ciento que no está incluido en el fondo de apoyo a los ahorradores.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Flores Ramírez, precisó que el Fondo de Apoyo a los Ahorradores de Ficrea no elimina la opción de monetización para quienes tenían ahorros superiores al millón de pesos: “obviamente pueden acudir al Fondo de Apoyo, o a la opción de la monetización para los excedentes de ese monto, sujetándose a los tiempos de un proceso que tiene que ver con la monetización de activos”.
El diputado Fernando Belanzuarán, del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que proseguirá la atención a la demanda de los ahorradores para que se sancione a los funcionarios de Ficrea responsables de este fraude; “pero también si las investigaciones señalan que hay autoridades coludidas, que se aplique también la ley; no debe haber impunidad en este caso y esperamos que se llegue hasta sus últimas consecuencias”.
Consideró que si se detiene a los responsables del fraude, “seguramente eso ayudará a recuperar más recursos que puedan servir para este otro 20 por ciento” de ahorradores que no entran dentro del fondo de apoyo.
Belanzaurán Méndez, junto con los diputados Humberto Alonso Morelli, del PAN; David Pérez Tejada, del PVEM; Fernando Charleston Hernández, del PRI; y María San Juan Cerda Franco, de Nueva Alianza; hicieron énfasis en la iniciativa de reforma para fortalecer la Ley de Ahorro Popular, en la que destaca poner un tope de un millón de pesos al ahorro de personas físicas en una Sofipo, y cinco millones para las personas morales, en búsqueda de evitar otro caso Ficrea.
Adicionalmente, desaparece la figura de Sonfincos y se traslada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valore
(CNVB) la facultad de supervisión de las Sofipos, además de que se establece como delito no entregar información. “Es decir, si hay algún organismo financiero, alguna Sofipo que no quiera entregar información, tendrá que pagar las consecuencias”.