Injustificable que grupos comunitarios en Guerrero lleven a cabo labores de defensa y seguridad pública

La Comisión Permanente recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero, en donde reconoce que estos grupos están vinculados con factores socioeconómicos, así como la inseguridad y violencia que imperan en la entidad.

Indica que no existe justificación para que los grupos comunitarios estén llevando a cabo estas labores de defensa y seguridad pública; tampoco hay justificación del abandono de la función del gobierno, que en el caso de algunas regiones de Guerrero se ha dejado en manos de la sociedad.

El documento turnado a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a las de Derechos Humanos y de Seguridad Pública del Senado de la República precisa que el uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad vulnera el artículo 17 de la Constitución Política, y entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecta la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública.

Sin embargo, menciona que debido a que estos grupos surgieron con el objetivo de abatir la delincuencia y las condiciones apremiantes de violencia de sus comunidades, “desaparecer su función sin desaparecer la causa que los origina implicaría dejarlos de nueva cuenta en un estado de desamparo y desprotección”.

Argumenta que la organización y la participación de la sociedad en labores de prevención del delito, así como las bases de coordinación y la colaboración son valores que deben preservarse por los sistemas de seguridad pública; sin embargo, “ello de ninguna manera implica que las autoridades estatales claudiquen de las funciones que les son propias y exclusivas”.

La CNDH destaca que las autoridades deben buscar la coadyuvancia y colaboración de la sociedad en múltiples aspectos del combate a la inseguridad, pero eso no implica que sean las personas quienes ejerzan por su propia mano esas funciones.

Ante ello, rechaza cualquier delegación que pretenda que su satisfacción corra a cargo de los miembros de la sociedad, ya que es la autoridad estatal la responsable de tomar las acciones que permitan recuperar la seguridad y el orden público.

Para lograr estos objetivos, subraya, es importante establecer mecanismos adecuados de solución pacifica de conflictos para canalizar y resolver los problemas que imperan en estas comunidades de Guerrero, a través de un diálogo constante con la sociedad, y en particular con las comunidades indígenas.