Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del Grupo Parlamentario afirmó que, en todo caso, los legisladores toman nota sobre esta situación y planteó que ahora que el Constituyente de la Ciudad de México incorpore obligatoriamente los preceptos de la Ley 3 de 3 ahora que está discutiendo los términos de la primera Constitución de la capital del país para que los jueces y todos los servidores públicos sin excepción -ni recursos legales de por medio- rindan cuentas sobre su situación patrimonial, fiscal y conflicto de intereses.
El día miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión para que integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México queden exentos por tiempo indefinido de publicar sus declaraciones “3 de 3”, bajo el argumento de que “de aplicarse la norma, se podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales al exigir a los sujetos obligados, que publiquen las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, sin otorgarles oportunidad de decidir si ése es su deseo, conforme lo dispone la Constitución”.
En este marco, Zambrano Grijalva se dijo sorprendido del recurso interpuesto por jueces de la Ciudad de México para no quedar contemplados en las disposiciones de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en junio pasado, pues planteó que -de hecho- tal como fue aprobada la Ley 3 de 3, no quedó lo suficientemente clara para ir a una plena transparencia y combate a la corrupción en México.
“Y si a esto resulta que funcionarios públicos importantes y fundamentales del Poder Judicial del Estado mexicano en el Distrito Federal, se amparan para evitar ser contemplados en la disposición obligatoria de rendición de cuentas y de transparentar todo lo que tiene que ver con sus ingresos, sus bienes, etcétera, no deja de sorprender, y no para bien”, indicó.
“Los juzgadores, los gobernantes y los legisladores –cada quien en su ámbito respectivo- estamos obligados a predicar con el ejemplo, con la actuación propia”, recalcó.
Simple y sencillamente, planteó el legislador federal, hay que aplicar el dicho popular: “O todos coludos, o todos rabones” y no debe haber excepciones. “Aquí, lo que la gente no quiere de los funcionarios públicos, es que sean coludos, que tengan colas largas que hasta ellos mismos se las anden pisando al dar vueltas”, apuntó.
Por lo tanto, concluyó, lo que exigimos a cualquier ciudadano de a pie, debe ser también exigible a todos los funcionarios públicos. Y por eso, reitero la importancia y la necesidad misma de desaparecer la figura del fuero para que nadie, ningún funcionario público del poder que sea, en cualquiera de sus niveles, tenga un fuero especial y termine no siendo juzgado como a cualquier ciudadano.