Toda vez que a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 7 de septiembre, que por unanimidad determinó la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta.
La postura de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales, las autoridades de los tres niveles de gobierno, las fiscalías y procuradurías, así como los poderes judiciales locales, “debemos coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos”, dijo la titular de la Conavim, Fabiola Alanís.
