Al participar en el panel “Siguiendo el dinero público. Debate sobre los nuevos sujetos obligados”, Luis Carlos Ugalde dijo que los fondos privados que reciben los partidos políticos, principalmente para campañas políticas, tienen un efecto corruptor en el sistema de gobierno, principalmente en lo relacionado con contrataciones y licitaciones.
“¿Por qué? Porque cuando alguien da dinero en efectivo, fuera de la ley, lo hace con la expectativa de dos cosas fundamentalmente: permisos o contratos”, indicó.
Señaló que de acuerdo con un estudio de las empresas Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, titulado Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, por cada peso de financiamiento público para campañas políticas, hay en promedio cuatro pesos de financiamiento que no se reporta a la autoridad.
Al considerar que la transparencia de los recursos públicos de los partidos políticos avanza muy despacio, Luis Carlos Ugalde consideró necesario que los grupos parlamentarios, tanto del Congreso federal, como de los congresos estatales, que reciben recursos públicos, deben ser fiscalizados.
“Estas subvenciones a grupos parlamentarios son adicionales a dietas, salarios de asesores, mobiliario, bienes muebles, bienes inmuebles, viajes y viáticos. Son transferencias y montos importantes de dinero que se le entregan al líder de cada grupo parlamentario, para que, en pocas palabras, los usen con fines que él o ella estime convenientes y de los cuales no tiene que dar explicación ni facturas sobre su uso”.
Mencionó que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, de 2009 a abril de 2013, recibieron 3 mil 243 millones de pesos por este concepto. En el caso del Senado, dijo que la información está incompleta, ya que sólo se sabe que en 2013, los grupos parlamentarios recibieron 468 millones.
En su oportunidad, Gabriela Ríos Granados, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que para generar una cultura de pago, la sociedad debe conocer antes a dónde van los impuestos, es decir, conocer el destino de los recursos públicos.
Dijo que lo importante es transparentar métodos y formas de aplicar el dinero, para poder evaluar el desempeño de los nuevos sujetos obligados, a partir de las nuevas disposiciones que se aprueben con la reforma a la Ley Federal de Transparencia.
Por su parte, John Scott Andretta, integrante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señaló que la evaluación y la rendición de cuentas en las políticas públicas es indispensable, para asegurar un impacto efectivo, equitativo y sustentable financieramente.
Mencionó que los retos de las evaluaciones del gasto público son: asegurar que se usen efectivamente; pasar de la evaluación a decisiones presupuestales; tener métodos de evaluación oportunos; calidad y capacidad técnica e independencia de las evaluaciones, y transparencia y evaluación en gobiernos locales.
El comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, quién moderó el panel, señaló que de aprobarse la reforma constitucional en materia de transparencia, los nuevos sujetos obligados de la Ley, entre ellos los partidos políticos, tendrán que reportar cómo gastan recursos y cómo toman decisiones, para rendir cuentas.