México es el tercer país de Latinoamérica en firmar el protocolo de Nagoya

México se convirtió hoy en el tercer país de América Latina y en el quinto del mundo en firmar el Protocolo de Nagoya sobre biodiversidad, que crea por primera vez un marco legal para garantizar el uso y distribución equitativa de la explotación de los recursos genéticos.

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Juan Rafael Elvira Quesada.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, fue el encargado del gobierno de México para rubricar ese documento en un acto que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

México se unió así a Colombia, Brasil, Argelia y Yemen en firmar ese protocolo, que fue adoptado en octubre pasado durante la cumbre de la ONU sobre la biodiversidad celebrada en Nagoya (Japón) y en la que también se alcanzaron nuevas metas para proteger los ecosistemas hasta 2020.

Este protocolo ofrece por primera vez un marco regulador global con relación al aprovechamiento de los recursos genéticos por parte de industrias como la medicina, la cosmética o la biotecnología, entre otras.

Elvira Quesada señaló, durante una conferencia de prensa en la ONU junto al coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán, que con esta firma México muestra que quiere "trabajar en la protección de la biodiversidad", no sólo a nivel nacional.

También envía un mensaje a los demás países sobre la importancia de este protocolo.

Tras la firma del acuerdo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al Gobierno de México por su contribución a esa negociación y por haber sido uno de los primeros signatarios del pacto.

"Insto a los demás estados a que firmen y ratifiquen el Protocolo de Nagoya lo antes posible", dijo Ban según una declaración de la ONU.

Subrayó también que de esa manera se acelerará la entrada en vigor de un "importante instrumento legal que permitirá avanzar en los esfuerzos para promocionar el desarrollo sostenible, lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr que todos los pueblos disfruten de los plenos beneficios que proporciona la naturaleza ahora y en el futuro".

Para que el acuerdo se convierta en ley internacional y entre en vigor es necesario que haya 50 países que lo firmen y comiencen sus respectivos procedimientos de ratificación en los parlamentos nacionales.

Fuentes diplomáticas de la ONU indicaron que para los próximos meses esperan las firmas de los 27 países de la Unión Europea (UE), que podrían firmar en bloque, y que también podrían hacerlo otros como India y Japón.

El ministro mexicano se refirió también a que con esta acción su país busca una mayor protección de las especies y los ecosistemas, con lo que se contribuirá a la mejora de la diversidad biológica, al desarrollo y bienestar humano del país.

Elvira Quesada se refirió también a que en su país el 30 por ciento de la superfice está bajo protección, lo que duplica el porcentaje actual de las tierras cultivables.

El Protocolo de Nagoya generó el compromiso de los países para establecer una cuota de protección del 17% de las superficies terrestres y del 10% para las marinas en 2020, y con la adopción de un protocolo sobre uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS, por su sigla en inglés).

La manera de financiar esos acuerdos se pospuso hasta el próximo año, en que está previsto que se celebre la próxima conferencia internacional sobre biodiversidad en India.

Este pacto permitirá que en países de alta biodiversidad, como los tres latinoamericanos que ya lo han firmado, las nuevas regulaciones garanticen que los beneficios que generan esos recursos y los conocimientos ancestrales de que a menudo se sirven los investigadores para descubrirlos redunden en beneficios de las comunidades en donde se encuentran.

También permitirá combatir con mayor eficacia la biopiratería y la explotación de los pueblos indígenas, que generalmente no se benefician de los descubrimientos que se hacen en sus territorios.

A ese respecto, el responsable mexicano indicó que el impacto económico de la biopiratería es de difícil cuantificación, al tiempo que recordó que en México es la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente (Profepa) la encargada de perseguir y castigar ese tipo de delitos.