En un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que la aplicación de la pena de muerte a Tamayo fue una violación a la Convención de Viena sobre relaciones consulares, porque no se respetó su derecho a recibir asistencia consular al momento de la detención, como dictaminó la Corte en el denominado fallo Avena.
"El gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países", reclamó la cancillería mexicana.
Según informó, a pedido de la familia del mexicano se brindará apoyo para el traslado a México de los restos de Tamayo, que fue ejecutado por el asesinato de un policía en Houston en 1994 y llevaba veinte años en prisión.
México reiteró que la "importancia fundamental" en el caso Tamayo es el respeto al derecho de acceso a la protección consular y señaló que desde que tuvo conocimiento de su caso desplegó todas las acciones posibles para lograr la revisión y reconsideración de su condena.