La legisladora informó este viernes, en un comunicado de prensa, que el pasado 6 de noviembre presentó una denuncia en contra de ese funcionario federal ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en el Órgano Interno de Control de la Cofetel.
Sostuvo que uno de los actos irregulares es el “Convenio Marco de Colaboración y Coordinación” entre dicho organismo y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), celebrado el 21 de junio de 2011.
“En este convenio se aprecia que del 12 de julio al 31 de diciembre de ese mismo año, la Cofetel ha ejercido una cantidad máxima total en contratos de 38 millones 967 mil 406 pesos; sin embargo, ejercerá para el presente año, la cantidad de 23 millones 545 mil 310 pesos”, aseguró la legisladora.
Aguilar Gil informó que el punto toral de ese convenio es mejorar la operación interna de la Cofetel y el desarrollo de sus actividades de comunicación.
Asimismo, la imagen para el desempeño de las funciones del organismo, “sometiéndose a un proceso de transformación, reingeniería, rediseño de procesos, transferencia de conocimientos al personal, desarrollando y adquiriendo herramientas tecnológicas a la medida de sus necesidades”.
La diputada Lilia Aguilar Gil también dijo que Cofetel firmó un contrato plurianual con la empresa Enapsys México S.A. de C.V. el 7 de mayo de 2012, y cuyo monto asciende a 52 millones 379 mil 716.
“Este contrato fue con el objeto desarrollar exactamente las mismas labores que fueron asignadas en el año 2011 e incluso en el año 2012 a la FONDICT-UAEM, y ello a pesar de que dicha empresa ya había sido declarada como descalificada, ya que excedía el presupuesto autorizado para tales efectos”, indicó.
“Resulta absurdo que los contratos celebrados por la Cofetel en el año 2011 y 2012, se encuentren encaminados a elaborar procesos, subprocesos, reglas de operación, diagramas de flujo y a adquirir infraestructura tecnológica inexistente”, subrayó.
El otro eje de la denuncia que presentó la legisladora del PT, consiste en la intromisión de sujetos ajenos a la Cofetel y la obtención ilimitada de los datos que ésta tiene de los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y televisión.
La evidencia –dijo- se tiene desde el pasado mes de septiembre, en el que un grupo de al menos seis “historiadores”, que manifestaron no trabajar para la Cofetel, revisaban a detalle los expedientes de los concesionarios de radio y televisión, dando como argumento que llevan a cabo un Proyecto de Cobertura Histórica (Procobhi).
“Sin embargo, se desconoce, e incluso no se sabe, si existen los criterios y mecanismos para acreditar la debida capacidad y experiencia de las personas contratadas para desarrollar ese proyecto”, enfatizó.
Aseveró que por ley, el titular de la Cofetel, “sólo puede utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos”, y aquí la duda razonable es ¿con qué finalidad se está ejecutando el Procobhi?”, cuestionó.
Por ello, la diputada pidió que se considere como grave, de comprobarse, las transgresiones legales cometidas por el funcionario Mony Sacha de Swaan Addati y demás servidores públicos involucrados, a fin de que se les destituya de su puesto y resarzan el daño al erario público.