En reunión con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, la legisladora solicitó realizar un estudio de los programas sociales relacionados con violencia de género como prevención, atención, sanción y justicia, y derechos humanos, a fin de conocer cómo se desempeñan.
Informó que para el PEF 2015, las diputadas trabajaron en alinear programas y ramos del anexo referente a las mujeres con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General a una Vida Libre de Violencia, ya que en años anteriores los criterios para definir acciones no eran claros.
Por ejemplo, añadió, la muerte de mujeres sólo se registra cuando estas llegan a un hospital o a la Procuraduría General de Justicia, sin tomar en cuenta otros elementos.
En su intervención, el titular del Coneval, informó que en el diagnóstico sobre la estrategia presupuestaria para la igualdad entre mujeres y hombres, referentes al anexo 10, la mayoría de los programas se concentra en actividades que se limitan a campañas, talleres y cursos de capacitación, lo que restringe el conocimiento sobre resultados a largo plazo.
De acuerdo con el diagnóstico de la pobreza de género de las mujeres en México 2012, la participación económica de las mujeres es menor que la de los hombres, y las más pobres presentan una mayor dependencia de los recursos provenientes de programas sociales.
“A pesar de contar con la misma escolaridad que los varones, las remuneraciones de las mujeres ocupadas son menores”, apuntó Hernández Licona.
En cuanto a la mortalidad materna, especificó que en el 2010 se presentaron 992 fallecimientos, siendo las principales causas enfermedades hipertensivas del embarazo, hemorragias obstétricas y respiratorias, ocasionadas por falta de información, mala calidad en atención e inaccesibilidad para llegar a los centros de salud, así como demora en recibir un tratamiento adecuado.
Destacó que en el 2011, sólo dos de cada 10 mujeres ocupadas contaban con seguridad social. Asimismo, continuó, las entidades con mayor porcentaje de incidentes por violencia en mujeres de 15 años o más fueron el Estado de México, Nayarit, Sonora, Distrito Federal y Colima.
Los diagnósticos muestran que las brechas de desigualdad son más severas en los municipios con menor población, y entre ellos, los de población indígena; sin embargo, sostuvo, hay pocas acciones e intervenciones dirigidas a estas poblaciones.
En general, dijo, los programas sociales analizados hacen esfuerzos, pero se encuentran desarticulados entre sí, y al no conocer los resultados de sus acciones no se cuentan con mediciones o evaluaciones en todos los casos; por ende, no se puede determinar el grado de aportación al eje rector.