El diputado pidió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se coordine con los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, para alcanzar ese propósito.
Propuso que se realicen inspecciones a los centros de trabajo agrícola, a fin de disuadir y, en su caso, sancionar, el incumplimiento de las obligaciones patronales en las que se incluye la prohibición de emplear a menores de edad.
A través de un punto de acuerdo, el diputado señaló que siete millones de jornaleros agrícolas enfrentan en el país precarias condiciones de vida y son considerados como uno de los grupos más vulnerables de la población mexicana.
“Lejos de sus hogares, y en condiciones de trabajos sumamente desfavorables, enfrentan problemas como la carencia de servicios básicos de sanidad, inseguridad, maltrato, discriminación y explotación laboral”, enfatizó.
Resaltó que los hijos de los jornaleros menores de 14 años se encuentran expuestos a numerosos riesgos que afectan su salud, educación y desarrollo, ya que, al igual que los adultos, “son obligados a cumplir agotadoras jornadas laborales de hasta ocho horas diarias; en un tercio de los casos, sin remuneración alguna por su labor”.
Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, alrededor de 3 millones de niñas y niños trabajan en diversas actividades, sobre todo en el campo (773 mil 300), el comercio (657 mil 730) y servicios (623 mil 495).
Caamal Mena refirió que el pasado 16 y 23 de marzo, la STPS dio a conocer las condiciones en que laboraban más de 200 trabajadores agrícolas en Baja California Sur y 49 indígenas mixtecos en Colima, y en ambos casos, el ambiente era insalubre, con riesgo inminente para la salud y sin ningún tipo de protección.
Precisó que, en esos lugares, las principales violaciones a la normatividad laboral fueron el trabajo infantil forzoso; exposición a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, y seguridad social y capacitación, y ausencia de control en el manejo de sustancias químicas y de fumigadores.
El diputado resaltó que la Ley Federal del Trabajo es clara al señalar las obligaciones patronales para el trabajo en el campo; no obstante, si no se realizan las inspecciones laborales de manera ordinaria y recurrente, en los términos previstos en la misma, “millones de mexicanas y mexicanos seguirán padeciendo de condiciones adversas para su desarrollo”.
Por ello, consideró que las entidades federativas deben tomar parte activa de estas obligaciones, “pues el trabajo en el campo no se encuentra dentro de los supuestos considerados de obligación federal, por lo que los hace copartícipes y responsables de la inspección laboral”.