El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación señala las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos.
Los requisitos que deberán acreditar las y los aspirantes son:
- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener 35 años cumplidos.
- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año.
- Experiencia de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad o auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
- Antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades mencionadas.
- Contar con reconocida solvencia moral.
- No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al organismo para el que se esté concursando.
- No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
- No haber sido secretario de Estado, procurador, Oficial Mayor de un ente público, senador, diputado federal, gobernador o jefe de gobierno, dirigente, miembro de órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia designación.
Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación analizarán la documentación presentada por las y los aspirantes y elaborarán una lista de quienes hayan cumplido los requisitos para citarlos a comparecer. Las comparecencias serán públicas y deberán ser grabadas y transmitidas por el Canal del Congreso.
El 28 de junio de 2017, las Comisiones Unidas remitirán el dictamen con la lista de candidatos aptos, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la cual impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los Grupos Parlamentarios para seleccionar a los candidatos aptos para ocupar los cargos.