Esta fue la primera derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la nueva cámara surgida de las elecciones generales y presidenciales del pasado julio, que ganó Enrique Peña Nieto, quien sucederá a Felipe Calderón en la Presidencia el próximo diciembre.
Con 67 votos a favor de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), frente a 61 del PRI y el Verde Ecologista (PVEM) en contra, fueron aprobadas modificaciones a ocho artículos que incorporan las demandas de mayor transparencia en los sindicatos mexicanos, en una maratoniana sesión que concluyó de madrugada.
La sorpresa la dio Nueva Alianza, un pequeño partido surgido al abrigo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina y liderado por Elba Esther Gordillo.
El presidente Felipe Calderón envió al Congreso la iniciativa el 1 de septiembre, cuando comenzó la actual Legislatura, y unos días después la Cámara baja la aprobó con modificaciones, incluida la eliminación de artículos que precisamente exigían transparencia y democracia en los sindicatos.
Tras varios días de discusiones e intentos de acercar posturas, el Senado finalmente modificó ocho artículos en una sesión que frena momentáneamente la reforma, criticada por la izquierda y los conservadores en algunos aspectos.
En el texto, que ahora regresa a la Cámara baja por las modificaciones realizadas, fueron reincorporados cuatro temas: "democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas y la obligación de tomar el voto de los trabajadores antes de celebrar un contrato colectivo de trabajo y de depositarlo", explicó hoy a la emisora MVS el senador Manuel Barbosa, del izquierdista PRD.
"Importantísimo. Hemos podido dar un primer paso para democratizar el mundo del trabajo. Hemos establecido la posibilidad de que los trabajadores puedan, a través del voto libre, directo y secreto, poder elegir a las mesas directivas de sus sindicatos", las cuales deberían rendir informes semestrales, agregó.
Los sindicatos han expresado su rotundo rechazo a la iniciativa de Calderón al considerar que socava la autonomía sindical, además de que facilita los despidos y mina la contratación colectiva.
La iniciativa regula el "outsourcing", una práctica que se ha extendido en los últimos años sin un marco normativo, introduce nuevas modalidades de contratación por horas y restringe el pago de salarios caídos en caso de que un despido vaya a juicio.
La reforma vuelve ahora a la Cámara de Diputados, que puede aceptar los cambios y enviarle a Calderón la nueva ley para su promulgación, o rechazarlos y devolver la iniciativa al Senado, lo que dejaría en manos de esta Cámara su envío al presidente.
Otra opción es que la Cámara baja no acepte las modificaciones hechas por el Senado y que la reforma quede "congelada", como se conoce en México al momento legislativo en que se detiene la aprobación de una ley sin fecha definida para que el proceso sea completado.