Los representantes mostraron su apoyo a igualar el seguro de depósito con el monto que se aplica en las instituciones bancarias y a que se establezca un régimen transitorio que exente a los integrantes del comité de supervisión de la obligación de estar certificados por una institución autorizada.
Refirieron que les preocupa que el fraude realizado por Ficrea sea un referente negativo para que los legisladores y las autoridades encargadas de supervisarlas “castiguen” la figura de las Sofipos y haya retrocesos en lo ya aprobado en la reforma financiera.
La Senadora Blanca Alcalá Ruíz (PRI) conminó a los representantes de las Sofipos a entablar un diálogo crítico, pues no resolvieron sus preocupaciones, por ejemplo cómo se llegó a la situación de Ficrea.
El Senador Javier Lozano (PAN) dijo que las prioridades del Grupo de Trabajo Bicameral serán prevenir que se repitan casos como el de Ficrea, mediante la legislación pertinente, y buscar una solución para los ahorradores defraudados y planteó que se analiza otorgar elementos adicionales de supervisión, vigilancia, sanción e intervención a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Senador Gerardo Flores Ramírez (PVEM) subrayó que hay huecos y deficiencias tanto en el marco legal como institucional de las Sofipos, así como un andamiaje que no es el correcto para supervisar a estos intermediarios financieros, por lo que el Senado deberá avocarse a impulsar nuevos mecanismos legislativos confiables.
Dolores Padierna Luna, Senadora por el PRD, coincidió en la necesidad de analizar el andamiaje legal de las Sofipos y se pronunció porque sea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la institución responsable de administrar los seguros de depósitos de las Sofipos, pues cuenta con gran experiencia y mayor solidez institucional que los actuales instrumentos.
Por su parte, el presidente del Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sofipos, Carlos Noriega Curtis, expuso que existen desventajas para las clases pobres en materia de ahorro, pues el gobierno sólo ha dado aportaciones a dicho fondo de protección en 2013 y en 2014, derivado del caso Ficrea. Esta situación deriva en que las garantías en Sofipos sean de 25 mil Udis por ahorrador, mientras que en la banca privada alcanzan hasta las 400 mil Udis.