Al presentar un punto de acuerdo, la Legisladora por Nayarit recordó que, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se estableció el reconocimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al incluir que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución y por los tratados internacionales firmados y ratificados.
“Con esto se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.
“Este principio parte del reconocimiento de que las niñas y los niños son sujetos de derechos y de responsabilidades, y establece una amplia gama de derechos individuales y colectivos de los que goza la niñez, reconociendo que las niñas, niños y adolescentes son seres humanos titulares de derechos exigibles por el Estado mexicano”, señaló.
Nuestro país, continuó, reconoce, conforme al texto constitucional y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de excluir a las personas por motivos tales como la edad.
Asimismo, abundó, se establece como ley reglamentaria, --de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución--, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto garantizar a este sector social, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
“Hoy en día, el acoso escolar es el tipo de violencia que más padecen las niñas, los niños y los adolescentes en los centros escolares.
“De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México 7.5 millones de alumnos de primaria y secundaria son víctima de bullying, es decir, el 40 por ciento son hostigados, intimidados, víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar”, subrayó.
García Gómez apuntó que, en 2008, en México más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido sobre todo a la pobreza y el trabajo infantil.
Como representantes de la nación, dijo, tenemos una deuda con la ciudadanía. “Es urgente incorporar el principio del interés superior de la niñez considerado en la Constitución, por lo cual resulta necesaria la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia”.
La propuesta de la Senadora de Acción Nacional se turnó a la Jucopo para su análisis.