La Sedena dijo que el general de división retirado Ricardo Escorcia Vargas fue detenido a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) "con la finalidad de que rinda su declaración ministerial".
"En estricto cumplimiento a la ley, esta secretaría se reserva proporcionar cualquier tipo de información sobre el particular, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades legales así como entorpecer las indagatorias que realiza la PGR", añadió la Sedena.
Escorcia Vargas causó baja del servicio activo el 16 de abril de 2010 por haber cumplido la edad límite y pasó a retiro.
Es el tercer oficial de alto rango capturado, después de que dos generales, uno de ellos ex subsecretario de la Defensa, fueron apresados el martes por personal militar para ser interrogados: el general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare y el general brigadier Roberto Dawe González.
Tras su detención, la fiscalía general anunció hoy que un juez federal decretó 40 días de arraigo (detención provisional) en contra de Dauahare y Dawe mientras son investigados por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva.
Según la PGR, el fiscal de la Federación adscrito a la SIEDO obtuvo "la medida cautelar de arraigo por 40 días" contra los dos militares, con "motivo de la investigación por delitos de delincuencia organizada".
Entre las evidencias están los testimonios de varias personas, entre ellas algunos militares.
Como subsecretario de Defensa, Dauahare fue el segundo al frente del Ejército, como subsecretario de Defensa, a principios del actual gobierno y pasó a retiro el 1 de marzo de 2008 al cumplir la edad límite.
A su vez, Dawe, en servicio activo, fue delegado de la PGR en el estado de Chihuahua, comandante de guarnición en Sinaloa y se desempeñaba como jefe de Estado Mayor adscrito a la zona militar de Colima, en la costa del Pacífico.
En México hay unos 45,000 efectivos del Ejército, además de elementos de la Marina y de la policía federal desplegados en la lucha contra el crimen organizado desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón lanzó una gran ofensiva contra los cárteles.