El objetivo de este acuerdo nacional debe ser el crecimiento económico, el fomento al empleo bien remunerado y el combate a la desigualdad social, indicó en un comunicado de prensa.
Recordó que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso un debate sobre los salarios mínimos.
El salario mínimo es un tema “imprescindible, urgente y absolutamente pertinente” para propiciar igualdad y equidad en el país, “dado que, por la caída en el poder de compra de los salarios, ha sucedido exactamente lo contrario”, sostuvo el diputado perredista.
Señaló que en el artículo 123 de la Constitución se establece que los salarios mínimos deberían ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, incluida la educación de sus hijos.
Sin embargo, añadió, desde hace tres décadas los trabajadores han perdido tres cuartas partes de su salario.
El poder de compra se redujo 67.5 por ciento de 1982 a 2014, pero si se toma como referencia 1977, la caída es de 72.5 por ciento, lo que contrasta con el hecho de que entre 1934 y 1982 se había incrementado 54 por ciento.
Actualmente –dijo-, los trabajadores que reciben hasta un salario mínimo son cerca de 10 millones, equivalente al 23 por ciento de la población económicamente activa ocupada.
Sin embargo, hasta el 70 por ciento de los nuevos trabajadores son contratados con salarios bajos.
Agregó que incluso en empresas que presumen tener alta tecnología, como las armadoras automotrices, en que el costo salarial no repercute en la formación de valor, se pagan salarios bajísimos –el equivalente a cuatro dólares por hora- respecto a otras naciones, como Alemania, donde se pagan 52 dólares por hora.
“Nuestro país sigue con la lamentable política de querer atraer inversión y elevar la productividad con las ´ventajas comparativas´ de los bajos salarios. Como sabemos, esto no ha sucedido en 30 años y, por tanto, no tiene sentido seguir en esa línea”, puntualizó el líder parlamentario.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), para adquirir una canasta básica rural de una familia promedio de cuatro personas se requieren 1.7 salarios mínimos; para una canasta ampliada rural, 2.5; para una canasta básica urbana, 3.2; y para una canasta ampliada urbana, 5.1, aseveró.
Sostuvo que si en este momento se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios perdidos históricamente desde 1977, se necesitaría aumentar los salarios mínimos más de dos veces y media, o sea, tendría que ser de al menos siete mil pesos mensuales en vez de los dos mil 018.70, que se pagan en la Zona A, o de los un mil 913.10 que se pagan en la Zona B.
Para Alonso Raya, estos datos muestran que no es un problema de consulta, sino de decisión política para construir un gran acuerdo nacional con participación de empresarios y trabajadores que incluya medidas efectivas para combatir la desigualdad
Aseguró que las condiciones para este acuerdo las deben crear los partidos políticos, los que también deben generar gobiernos, instituciones y mecanismos que garanticen tener transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y escenarios para la recuperación de la economía y del poder adquisitivo del salario.
“Por supuesto –agregó el diputado federal-, se deberá desvincular el salario (mínimo) de las referencias en la legislación, para que la recuperación salarial no afecte otras esferas, como multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos”.
Concluyó que “la recuperación salarial es la base del bienestar social. De otra forma, ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que enfrentamos. No es un asunto a consultar: su urgencia es evidente”.