Zeid Ra'ad Al Hussein lamentó esas muertes y llamó a las autoridades del país a realizar una reforma legal y a declarar una moratoria inmediata a la pena capital. Asimismo, mencionó las preocupaciones persistentes por la obtención de confesiones mediante la tortura y la celebración de juicios sin garantías para los acusados.
El portavoz en Ginebra del Alto Comisionado, Rupert Colville, expresó temor porque se realicen más ejecuciones en el futuro cercano.
"El derecho internacional indica que la pena de muerte sólo puede aplicarse cuando un tribunal competente haya emitido el veredicto, después de un proceso legal con todas las garantías que incluyan la representación legal y el derecho de apelación ante un tribunal superior", dijo Colville.
El portavoz añadió que el gobierno afgano ha manifestado públicamente que sobre la base de sus revisiones, estas ejecuciones fueron basadas en juicios justos, pero no hizo pública la metodología que utilizó para realizar esa revisión.
Colville consideró que dada la falta de transparencia y las preocupaciones persistentes por lo acontecido en otros casos, se mantienen las dudas sobre el cumplimiento por ese país asiático del derecho internacional.
Finalmente, sostuvo que si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reconoce los retos cada vez mayores de seguridad que afrontan las autoridades afganas y la creciente presión pública para reducir la violencia, la evidencia no confirma que la pena de muerte sea el elemento de disuasión más efectivo, comparada con otras formas de castigo.