El reporte del grupo sin fines de lucro se produce cuando Estados Unidos impuso sanciones al jefe del partido socialista venezolano, Diosdado Cabello, acusándolo de tráfico de drogas y encabezando una importante red de corrupción que desvió fondos de compañías estatales a cuentas en Rusia y otros países.
Según explica la investigación del centro de estudios Insight Crime, por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado, para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del estado a su disposición.
Sin embargo, en ocasiones actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos, y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela; a esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el “Cartel de los Soles”.
El término “Cartel de los Soles” responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras.
El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico.
Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado.
El informe titulado “Venezuela: ¿Un estado mafioso?, menciona siete razones para considerar a ese país como un estado mafioso.
Ellas son: Penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado, Evidencia de cleptocracia, Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales y crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano.
También altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales, Exportación de la criminalidad y Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal.
Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína.
La organización tiene 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publican la lista completa. En lugar de eso publica algunos datos de aquellos contra quienes tienen evidencia muy sólida.
Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza.
Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados:
Diosdado Cabello se proclama ya como la segunda figura más influyente del régimen en Venezuela, ya como el titiritero, el poder detrás de Maduro.
De cualquier forma, con su influencia en la designación de funcionarios en posiciones claves, en especial dentro del ejército, no es posible que no tenga conocimiento de la dinámica del narcotráfico en el país, según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En mayo de 2015, el Wall Street Journal reveló que se estaba investigando a Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles.
De eso han entregado evidencia, entre otros, Leasmy Salazar, quien trabajó como jefe de seguridad para Cabello. Él mismo ha atestiguado que Cabello tiene un rol importante en el paso de narcóticos por Venezuela.
Cabello de inmediato demandó al Wall Street Journal por difamación, pero su pretensión fue rechazada por un juzgado estadunidense en abril de este año. También se nombraba en el artículo a su hermano José David Cabello.
Sobre el papel, el segundo hombre más importante del gobierno es el vicepresidente Tareck El Aissami. A él también se lo ha acusado de actividades ilegales, incluyendo narcotráfico.
Antes de ser vicepresidente, fue gobernador del estado de Aragua. InSight Crime estuvo recogiendo testimonios de sus nexos con el crimen organizado en esta estratégica provincia de la costa Caribe.
Unos de los cargos más importantes en términos de seguridad son los de Ministro de Relaciones Interiores y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Ambos cargos los ha ocupado el mayor general Néstor Reverol, quien ha sido imputado por narcotráfico en Estados Unidos.
El pliego de cargos en su contra afirma que Reverol alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes.
Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y por tanto la Primera Dama, también se ha visto implicada en narcotráfico por asociación.
No fue solo la condena de sus sobrinos por tráfico de cocaína en Estados Unidos; también su hijo, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene una investigación en su contra.
También ha resultado vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas.
Las estructuras narcotraficantes en el estado venezolano no son un cartel, sino una serie de redes muchas veces antagónicas enquistadas dentro del régimen chavista, con nexos que se remontan a casi dos décadas.