El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado centraron la primera parte de la investigación en Santiago Lussich, un contador uruguayo que armó las firmas cuya existencia nunca fueron reveladas por el presidente.
Lussich está sindicado como presunto intermediario de la familia Macri en Mossack Fonseca, el estudio panameño que quedó en el centro de un escándalo internacional.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó durante un año un trabajo en el que participaron 100 medios de comunicación de 78 países y 370 reporteros para analizar millones de documentos filtrados de Mossack Fonseca, que se dedica a crear sociedades con privilegios fiscales.
En Argentina, destacó el caso de Macri, quien fue identificado como director de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd, con sede en Bahamas y propiedad de su padre, Franco Macri, y que fue disuelta en 2008, cuando el presidente todavía era jefe de Gobierno de Buenos Aires.
Después se confirmó que el presidente argentino también figura como director de otra sociedad con privilegios fiscales, Kagemusha S.A., radicada en Panamá y creada por su padre el 11 de mayo de 1981 con un capital social de 10 mil dólares.
La investigación judicial inició la semana pasada con el citatorio del juez Casanello a Hugo Alconada Mon, el periodista argentino que participó en “Papeles de Panamá” y a Silvina Martínez, especialista en sociedades empresariales.
El fiscal Delgado, por su parte, ya solicitó informes sobre Macri a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Oficina Anticorrupción, la Inspección General de Justicia y la Unidad de Información Financiera.
En el caso de Lussich, el juez ya pidió una revisión de sus movimientos migratorios ante la Dirección Nacional de Migraciones para determinar con qué frecuencia iba y venía de Uruguay a Argentina, así como informes de sus comunicaciones telefónicas.
Macri se desligó en un principio de las acusaciones, pero cuando Delgado lo imputó formalmente, advirtió que no tenía nada qué ocultar y que estaría a disposición de la justicia.