El juez Richard Leon aprobó una orden preliminar solicitada por activistas, que buscaban poner un freno al programa de vigilancia de teléfonos mientras el caso es visto por la justicia.
El magistrado señaló que el reclamo de que el programa es inconstitucional tiene "una sustancial probablidad de éxito".
De todas formas, es probable que el programa de espionaje continúe, ya que el juez dijo que su dictamen no entrará en vigor si el gobierno apela el fallo.