La polémica surgió a raíz de un registro a la empresa Hotesur, de la que es accionista la jefa de Estado, y que administra Alto Calafate, uno de los hoteles de la mandataria.
El juez Claudio Bonadio ordenó la semana pasada un allanamiento en Hotesur y en la Inspección General de Justicia (IGJ) en búsqueda de documentación.
El magistrado actuó tras una denuncia por presunto "lavado de dinero" e irregularidades, que fue presentada por la diputada del opositor partido GEN Margarita Stolbizer.
Ante las denuncias de irregularidades, Hotesur admitió en un comunicado "fallas formales" en el proceso contable de la empresa, pero cuestionó al juez, a la prensa y a la oposición como autores de una operación contra la mandataria y sus hijos.
La diputada Diana Conti, del gobernante Frente para la Victoria (FpV), afirmó hoy que el allanamiento a la empresa Hotesur "es un acto judicial impertinente, que huele a extorsivo". Conti afirmó que desde el oficialismo "nadie está impidiendo" que el juez de la causa "avance en la investigación".
Para la legisladora del FpV, no se entiende "cuál es el delito" en la presentación tardía de un balance en una sociedad anónima, donde "no son los accionistas quienes llevan adelante el papeleo", dijo a radio Rock and Pop, donde sostuvo que el juez busca defenderse "por otras causas" y por eso "ataca" a la presidenta.
El secretario de Justicia, Julián Alvarez, minimizó que Hotesur no presente balances desde hace tres años ante la IGJ, organismo que depende del Ministerio que él encabeza.
"Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP (Fisco). Habrá sido el error de un contador, no vas a pretender que la presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP", dijo Alvarez a radio Vorterix. A su vez, dijo que la empresa será multada con 3,000 pesos (unos 350 dólares).
El diario "La Nación" indicó hoy que "los incumplimientos detectados por la Justicia quizá serían triviales, si no fuera porque Hotesur SA es sospechada de formar parte de una operación gigantesca y sistemática de lavado de dinero que habría organizado Baez".
Se trata del empresario Lázaro Báez, que realiza buena parte de la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz y que, además, es señalado, por opositores y por parte de la prensa, como "empresario amigo" del gobierno.
"Cristina Kirchner tiene la cola sucia, por eso no se defiende", afirmó la diputada opositora Laura Alonso, del derechista PRO. La jefa de Estado aún no hizo referencia a la polémica que se desató en los medios alrededor del tema. (DPA)