"Los derechos humanos deben ser protegidos en línea, de la misma forma que se protegen cuando uno está desconectado. Instamos a las autoridades de Bielorrusia a que se abstengan de cortar internet o de bloquear algunos servicios", afirmaron las 29 naciones en un comunicado conjunto, difundido por el Departamento de Estado de EE.UU.
Los signatarios son los Gobiernos de EE.UU., Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Reino Unido y Ucrania.
Las 29 naciones dijeron sentirse "profundamente preocupadas" por los "continuos y recientes cierres parciales y completos de internet", así como por la supuesta censura de algunos contenidos por parte del Ejecutivo bielorruso a raíz de las multitudinarias manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales del 9 de agosto.
"El espacio cívico online es integral para una sociedad cívica vibrante offline. Los Gobiernos no deben bloquear o impedir la conexión a internet, ya que esos bloqueos suelen vulnerar derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho de asociación o de expresión que son las bases de una sociedad democrática", subrayaron.
Además, los signatarios recordaron al Ejecutivo bielorruso de sus obligaciones internacionales bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976 y ha sido suscrito por Minsk.
En ese sentido, los 29 países consideraron que los supuestos cortes de internet son especialmente graves porque se producen "junto a otras medidas restrictivas para intimidar a los candidatos de la oposición y en medio de arrestos y detenciones masivas de miembros de la sociedad civil y periodistas bielorrusos".
Los usuarios de internet de Minsk han denunciado dificultades para el acceso a distintas páginas web y aplicaciones de mensajería desde el inicio de las protestas postelectorales.
En esos comicios, se declaró vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko, pero los resultados no han sido reconocidos ni por EE.UU. ni por la Unión Europea (UE) por considerar que las elecciones no fueron libres ni justas y no cumplieron con los estándares internacionales.
Desde el estallido de las protestas, Washington ha denunciado el fraude, condenado la persecución y de la oposición y la represión policial, y mantiene consultas con la UE para la imposición de sanciones a Minsk.
