Cortizo recibió este día el paquete de reformas por parte del Consejo Nacional para la Concertación y el Desarrollo (Cncd), una instancia ciudadana que lo trabajó y consensuó durante más de nueve meses.
El Consejo Nacional para la Concertación es un ente creado en 2008 en el que participan más de 2,000 representantes de los sectores empresarial, obrero, indígena, academia, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, iglesias y el Gobierno Nacional.
La reforma constitucional fue la principal oferta de campaña de los candidatos presidenciales para los comicios del pasado 5 de mayo, que ganó por estrecho margen Cortizo, exministro y exlegislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que quedó además como la primera fuerza parlamentaria.
"Este es un documento que lo vamos a llevar mañana al Consejo de Gabinete y, por el respeto a ese trabajo, lo que le pediré a los ministros es que se apruebe, y entonces autorizar al ministro de la presidencia (José Gabriel Carrizo) a que lo lleve a la Asamblea Nacional (AN)", para su discusión en dos legislaturas, aseguró el mandatario.
En la AN, unicameral, integrada por 71 diputados y dominada por el oficialismo, el documento recibirá la "más amplia consulta" para mejorarlo, indicó Cortizo.
El gobernante afirmó que "al final lo que vamos a pedir a la Asamblea es que después de esa amplia consulta, (se le dé) primer debate, se pase al segundo y tercer debate, para que estemos listos para iniciar el proceso en enero de 2020".
La última reforma a la Constitucional en Panamá fue en 2004.
La idea de Cortizo es que las reformas sean aprobadas en dos legislaturas y luego, en un mínimo de 3 a 6 meses, someterlas a un referéndum popular.
"Nosotros nos concentramos básicamente en lo que es la parte orgánica del Estado para atender un clamor nacional en cuanto a aquellos espacios que se prestan para la corrupción y debilitan la institucionalidad", dijo a los periodistas Enrique De Obarrio, de la Concertación Nacional.
Explicó en ese sentido que en caso de que las reformas sean aprobadas por el Parlamento unicameral todas las investigaciones para procesar a los magistrados del Supremo panameño y diputados pasarán al Ministerio Público (MP).
Con esto se pondría fin a un cuestionado sistema que permite que los magistrados solo sean procesados por los diputados y estos por el Supremo.
En los cambios constitucionales propuestos también se fortalece presupuestariamente al Órgano Judicial y al Ministerio Público, pues ya no sería el 2 % de los ingresos del Estado, sino el 2 % del Presupuesto General del Estado, entre otros puntos, explicó De Obarrio.
Se crea un Tribunal Constitucional, figura nueva que llega con estas reformas y velará por la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Nacional.
Se modifica el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Supremo, una tarea que recae ahora en el presidente del país y que pasa por la ratificación del Parlamento.
Los cambios contemplan que cada magistrado sería nombrado por el Consejo de Ministros de una terna propuesta por la Concertación Nacional, y que el juez debe ser ratificado por el Parlamento para que pueda ejercer el cargo por un periodo de 15 años (ahora es de 10).
También se propone que los diputados se puedan reelegir por un solo periodo, lo que pondría fin a las reelecciones consecutivas.
"Espero que los diputados de esta nueva Asamblea evalúen con mucho detenimiento estas reformas", destacó Cortizo.