Pérez, militar de formación y ex jefe de seguridad de la empresa portuaria Panamá Ports, está preso y sometido a la justicia penal por el quebrantamiento de la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Sus abogados solicitaron que pueda acogerse al arresto domiciliario, luego de sufrir episodios de claustrofobia e hipertensión en una cárcel repleta de narcotraficantes.
El rotativo destacó que en las indagatorias en la fiscalía, Pérez señaló a Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos ex funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes dirigían en forma independiente una unidad de escuchas telefónicas que respondía a Martinelli.
"Ellos (Rodríguez y Pittí) estaban trabajando por sí solos en un grupo, separados, con otras órdenes", dijo Pérez. Añadió que "ya había un modus operandi de trabajo entre Ronny Rodríguez y la Presidencia. Muchas veces solicitaba verlos, pero no podía y lo mismo sucedía con el resto de las unidades del Consejo".
Otros ex funcionarios del Consejo de Seguridad interrogados tras el estallido del escándalo indicaron que las órdenes para investigar a empresarios, políticos y periodistas eran transmitidas por Rodríguez al jefe de grupo y luego a la jefa de Inteligencia, Carmen Salinas, alias "La Profe". Sin embargo, Pérez respondió que desconocía esos hechos.
Los equipos y softwares utilizados para el espionaje habían sido adquiridos por el gobierno de Martinelli (2009-2014) a través de una compra sobrevaluada por 13 millones de dólares a una empresa israelí, pero están extraviados. Panamá solicitó al gobierno de Tel Aviv informes detallados sobre la compra de los sofisticados equipos.
Con el uso de esas máquinas era posible grabar conversaciones a través de celulares, encender ordenadores apagados, sustraer la información archivada, decodificar mensajes, seguir a sus usuarios, copiar directorios, crear falsos mensajes e inutilizar aparatos.
Entre las personas sometidas a espionaje y seguimiento figuran el empresario Roberto Eisenmann, la ambientalista Raisa Banfield, los políticos Benicio Robinson, Zulay Rodríguez, Ernesto Pérez Balladares, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Juan Carlos Navarro, Roberto Velásquez, Genaro López y Saúl Méndez, la dirigente magisterial Yadira Pino y la cacica Ngöbe-Buglé Silvia Carrera.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil han exigido al gobierno del presidente Juan Carlos Varela que proscriba el espionaje que vulnera derechos fundamentales de los panameños. (DPA)