En un comunicado, HRW asegura que la ratificación de la ley el pasado lunes por parte del presidente uruguayo, José Mujica, supone "un gran avance" para los derechos de las mujeres, así como para "prevenir" las prácticas abortistas "clandestinas e inseguras" en la región.
La nueva ley de Uruguay, aprobada por el Parlamento y ratificada por el mandatario, despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
"Los países vecinos de Uruguay deberían aprender de este progreso", se mostró contundente la investigadora de los derechos de la mujer de HRW Amanda Klasing, para quien los Gobiernos "están capacitados y deben aprobar leyes que salven la vida de las mujeres".
Según la ONG, que "muchos" países latinoamericanos como Chile, El Salvador y Nicaragua mantengan una "prohibición absoluta y que no contempla ninguna excepción" sobre el aborto, conlleva prácticas clandestinas que "ponen en riesgo la vida de las mujeres".
La nueva ley uruguaya no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Estas medidas incluyen pasar por una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades y cumplir con un plazo de cinco días de reflexión antes de someterse a la intervención.
Una vez cumplido el trámite, las mujeres podrán abortar si lo desean en cualquier centro público o privado de salud del país, los cuales estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de conciencia.
Es este período de reflexión de cinco días lo que no termina de convencer del todo a HRW, dado que consideran que puede suponer una "barrera arbitraria" en el acceso al aborto de todas las mujeres.
"Las restricciones legales pueden suponer que los abortos, aunque despenalizados, se vuelvan inaccesibles", alerta la ONG, que, por ello, pide que "ahora que Uruguay ha dado este paso decisivo, lo que toca es asegurarse de que no se producen interferencias arbitrarias que puedan impedir el acceso de las mujeres a este servicio médico esencial", apuntilla Klasing.