Ayú Prado, quien fue designado para el cargo por Martinellli, señaló que el documento está en la Secretaría General de la Corte Suprema para las "debidas notificaciones y reconsideraciones", lo que incluye recursos interpuestos por los abogados defensores.
Los nueve magistrados de la Corte Suprema admitieron el 29 de enero una denuncia contra Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
El proceso está vinculado con el uso de 45 millones de dólares del Estado para la compra de comida deshidratada vencida a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Martinelli, quien viajó a Estados Unidos, se enfrenta a otras denuncias por violaciones de la Constitución, extralimitación de funciones públicas, fraude, soborno y espionaje telefónico contra opositores.
Al respecto, la ex magistrada Esmeralda Arosemena indicó que el proceso contra el ex mandatario podría seguir estancado varios meses, debido a mecanismos legales que no hacen igualitaria la Justicia para todos. Añadió que ello debería llevar a los panameños a decidir el tipo de reformas constitucionales que quieren.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal electoral, Erasmo Pinilla, pidió el jueves castigo para quienes sean declarados culpables del espionaje electrónico durante el gobierno de Martinelli (2004-2009).
"La nación entera está hastiada de tanta corrupción", dijo Pinilla. Sostuvo que los ciudadanos esperan que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela reivindique la justicia. Quienes saquearon y espiaron al país deberían ir a la cárcel, subrayó.
Unas 44 personas han rendido declaración jurada en las investigaciones por espionaje durante el gobierno de Martinelli. Dos ex directores del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, están detenidos por esta causa.
Pinilla recalcó que "tras un tenebroso quinquenio, edificado en rufianescas estrategias, el país anhela volver a las placideces de la solidaridad humana, para reponerse de la expoliación de casi todas las instituciones y en particular las que precisamente tenían como fin la solidaridad con los más necesitados".
Asimismo, abogó por la "derogación inmediata" de la ley de blindaje de los diputados, la que calificó de burda y aseguró que dos meses para una investigación se traducen en "inequívoca impunidad". (DPA)