La aprobación de un proyecto solo es posible cuando su ejecución no afecte negativamente a la calidad del agua potable suministrada a los habitantes de la zona afectada, expuso la abogada general Laila Medina en sus conclusiones sobre un caso prejudicial alemán.
Se trata de la aprobación por la Oficina Regional de Minería, Geología y Materias Primas de Cottbus (Alemania) de una solicitud presentada por la empresa Lausitz Energie Bergbau AG para la construcción de un lago artificial, precisó la corte con sede en Luxemburgo.
El lago, que surge de la inundación de un foso resultante de la extracción de lignito, tendría un aliviadero que desaguaría en el Spree, con una concentración de sulfatos superior a la del agua de ese río.
Esa circunstancia hace que la Ciudad de Fráncfort del Oder (Alemania) y FWA -empresa responsable de la gestión de las aguas- teman que el proyecto les obligue a detener la producción de agua potable en ese punto o llevar a cabo un reacondicionamiento de la producción de gran envergadura, por lo que interpusieron un recurso contra la decisión de aprobar el plan a un tribunal contencioso administrativo alemán.
En sus conclusiones de hoy, la abogada general Medina presenta sus observaciones en las que recuerda, en primer lugar, la importancia que el Derecho primario de la Unión atribuye a la protección medioambiental y legitima a los gestores de la purificación de agua potable para exigir a la autoridad competente que se cumpla la normativa europea sobre aguas.
Medina mantiene además que los Estados miembros tienen la obligación "vinculante" de garantizar la necesaria protección de las masas de agua utilizadas para la producción de agua potable y antes de aprobar un proyecto concreto deben asegurarse de que no va a producir efectos negativos en su calidad.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas de protección necesarias con el objetivo de actuar con carácter preventivo y evitar el deterioro de la calidad del agua reduciendo el nivel del tratamiento de purificación, garantizando así un uso sostenible de los recursos hídricos, y previniendo la imposición de las medidas correctivas, señaló la abogada general.
Y añadió que esa obligación se aplica con independencia de si la masa de agua se encuentra dentro o fuera de un perímetro de protección que establece la normativa europea sobre aguas.
Las conclusiones de los abogados generales no vinculan al Tribunal de Justicia, pero suele seguirlas en la mayoría de sus sentencias.