El secretario de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (Roavis), Sergio Valdelomar, destacó en un seminario taller en Panamá que se requieren consensos en aspectos jurídicos para encarar los desafíos ambientales.
Durante la convocatoria judicial, respaldada por el Departamento del Interior de Estados Unidos (DOI), subrayó que “necesitamos formar un tipo de jueces con concientización ambiental” para que ventilen en forma adecuada solicitudes de los fiscales.
“El derecho ambiental busca la recomposición del daño ambiental más que la condena”, lo que abarca conciliación, acciones cautelares (preventivas) y planes reparadores, aseveró el dirigente de Roavis, quien aboga por “uniformar criterios” de protección integral.
Valdelomar criticó las concesiones a la minería metálica en la región y comentó que a largo plazo ello equivale al “empobrecimiento del pueblo”. Adujo que quienes trabajan o dependen de las minas no obtienen ningún beneficio, “ni paisajístico, ni ambiental”.
A su vez, la coordinadora regional del Programa de Derecho Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Andrea Brusco, planteó que es necesario trasladar al ámbito judicial el mandato de sostenibilidad que emanó de “Río+20”.
Brusco dijo que en la región aumenta el interés de personas que toman “conciencia ambiental” y exigen justicia ante el impacto de la deforestación y la contaminación en las comunidades.
Sin embargo, reseñó que la realidad es que muchas veces fiscales y jueces dirimen conflictos sin tener herramientas jurídicas completas para frenar proyectos promovidos por grupos influyentes.
Brusco abogó por directrices para el acceso a la información y la participación del público en la esfera judicial latinoamericana, para generar evidencia científica necesaria y trabajar a favor de la consolidación institucional y la sostenibilidad ambiental.
“Hay que tratar de detener a tiempo o modificar el rumbo, para que las cosas se puedan hacer de otra manera”, acotó.
Al respecto, la Fiscal Quinta de Circuito de Panamá, Ruth Morcillo, afirmó que Panamá y Costa Rica trabajan en la actualización de un manual operativo binacional, aprobado en 2006, que incorpora herramientas para resolver casos en materia ambiental.
Morcillo instó al desarrollo de estrategias comunes en la región, para “procurar investigaciones completas que permitan, de parte de los tribunales, decisiones justas y ejemplares”. (DPA)