El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.
Este domingo comienza, por tanto, la fase "transitoria" de este arancel, en la que los importadores de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno tendrán que informar sobre el volumen de sus compras y de las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas durante su producción, pero todavía sin pagar ningún arancel, que sólo se cargará a partir de 2026.
Los datos de las empresas importadoras tendrán que recoger las compras realizadas a partir del último trimestre de este año, aunque la información no será remitida por primera vez a las autoridades comunitarias hasta el 31 de enero de 2024.
Bruselas también ha introducido una serie de "flexibilidades" en este primer año de recopilación de datos, como por ejemplo el uso de valores por defecto en las emisiones asociadas a las importaciones o la posibilidad de utilizar para estimarlas las normas de control y verificación del país de origen, explicó la institución en un comunicado.
"La fase transitoria servirá como un periodo de aprendizaje para todas las partes", destaca el Ejecutivo comunitario, que usará la información obtenida en este proceso para "ajustar la metodología" que aplicará una vez se empiece a aplicar el gravamen en 2026.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, responsable de Tributación, recordó que este arancel es "totalmente compatible" con las normas de la OMC y no es una herramienta de "proteccionismo comercial" sino de "protección de la ambición climática".