En una conferencia junto con la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, el coordinador del programa de las Américas de CPJ, Carlos Lauría, afirmó que el asesinato de periodistas va más allá de la violencia.
"Esto está afectando a la estabilidad del sistema democrático porque hay muchos temas que impactan en la vida diaria de miles de mexicanos como la violencia, la corrupción, los abusos de los derechos humanos, que están dejando de cubrirse (informativamente) en muchos lugares del país", lamentó.
Lauría consideró que se trata de una "crisis nacional", porque afecta a un derecho recogido en la Constitución, el de la libertad de expresión, que el gobierno tiene la "obligación" de proteger, lo que a su juicio no hace.
Desde que el presidente Felipe Calderón asumió el Gobierno en 2006, señaló, se han producido más de 30 asesinatos y desapariciones de periodistas. Además, varios medios han sido atacados lo que ha obligado a muchos profesionales a abandonar la profesión o exiliarse.
El directivo de CPJ mencionó el "brutal" asesinato del columnista López Velasco, de 55 años, que fue acribillado ayer junto con su esposa y su hijo de 21 años en su domicilio en el puerto de Veracruz, y la desaparición el pasado 7 de julio de Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, que continúa en paradero desconocido.
La violencia contra la prensa en Latinoamérica, donde este año ya se han registrado 10 asesinatos de informadores en México, Honduras, Brasil, Guatemala, Perú, Bolivia y Venezuela, es "realmente seria", aunque "no hay ninguna duda de que el país donde el ejercicio de la profesión se ve más amenazado es México", dijo Lauría.
Para Lauría el efecto "más nocivo", de esta ola "sin precedente" de violencia es el temor intimidatorio que trae como "consecuencia el silencio y una censura que es cada vez mayor".
Denunció que hay regiones en México donde los periodistas ya "hace tiempo que no hacen investigación periodística, ni cubren temas básicos de crimen".
"Es un tema que va más allá de la libertad de prensa. Está afectando el derecho básico de todos los mexicanos garantizado en la Constitución: la libertad de expresión y el acceso a la información de toda la sociedad mexicana".
Denunció además la alta tasa de impunidad en la mayoría de los casos contra periodistas que, según dijo, supera el 85 por ciento. "La mayoría estos casos quedan estancados", dijo.
"Esto ha promovido un clima de temor que induce a la autocensura", lamentó Lauría, que abogó por una reforma del sistema judicial y que sean los jueces federales los que asuman estos casos.
En la misma línea Botero señaló que la situación en México es "extraordinariamente grave" y también apostó por "federalizar" los casos de violencia contra periodistas para evitar la "enorme presión" a la que están sometidos los jueces locales por las organizaciones criminales.
"Lo que queremos es que los jueces que tienen que tomar esas decisiones de sancionar a capos del narcotráfico estén protegidos", así como una forma de tender centralizados estos casos.
Por otra parte, la relatora valoró los "buenos propósitos" del gobierno mexicano para diseñar un sistema de protección de periodistas en el que están trabajando en colaboración con Colombia, que "no se pude dar el lujo de fallar".