En el dictamen, aprobado por la asamblea, se establece que por sus actividades profesionales, ambas pueden ser objeto de intimidaciones y agresiones derivadas de la investigación de una supuesta red de trata y prostitución que, presumiblemente, opera el ex dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
El senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del PAN, destacó que hasta el momento no se han esclarecido la culpabilidad o inocencia de los implicados en el caso, por lo que “estamos ante el tratamiento” de exhortar a la Procuraduría General de Justicia del gobierno del Distrito Federal para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes e informe al Congreso del a Unión sobre los posibles responsables y la sanción y el castigo que se les impondrá.
Por su parte, el senador Manuel Camacho Solís, del grupo parlamentario del PRD, refirió que en los últimos 12 años, hasta junio de 2013, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) había registrado 95 homicidios, mismos que en su gran mayoría permanecen impunes. Asimismo, señaló que México es de los países con mayor impunidad respecto a los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, sólo por debajo de Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia.
Llamó a que el presidente de la República establezca una postura en favor de la libertad y exprese su determinación de proceder contra cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos.
Igualmente, pidió que el PRI en el Senado acepte la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la materia para dar seguimiento a los compromisos que haga el Ejecutivo en favor de la libertad. Al respecto, aseguró que “defender los espacios de libertad hoy, es crucial para la democracia mexicana y para la estabilidad política”.