Dependientes de personas desaparecidas tendrán derecho a la asistencia social

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 431 votos un dictamen que reforma la fracción VII, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para que los dependientes de personas desaparecidas tengan derecho a la asistencia social.

El documento enviado al Ejecutivo subraya que la situación de violencia que enfrentan diversas regiones del país ha provocado que una gran cantidad de niñas y niños queden en orfandad.

Refiere que de acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se reportaron unas 5 mil 397 personas como “extraviadas o ausentes”.

Indica que estas cifras son elaboradas a partir de las denuncias de los familiares de desaparecidos y se integran también con información aportada por los órganos de justicia de los 31 estados y del Distrito Federal, así como por los servicios médicos forenses, precisándose que 3 mil 457 son hombres y el resto mujeres.

De igual manera, el organismo destacó que hay 8 mil 898 personas fallecidas que no han sido identificadas por las autoridades. En estos casos, señaló, las causas de los decesos son diversas, como accidentes en la vía pública, padecimiento de una enfermedad y muertes violentas.

En este orden, resalta la necesidad de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad con la niñez y la adolescencia, particularmente de los dependientes de personas que permanecen desaparecidas, dado que esta condición los ubica en una circunstancia de vulnerabilidad.

Con tales consideraciones, se establece en la Ley de Asistencia Social que los dependientes sean sujetos de beneficios, con lo cual tendrán derecho a servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Define a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Virgina Victoria Martínez Gutiérrez (PRI) afirmó que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad con la niñez y adolescencia, ya que estos sectores son los más vulnerables ante las nocivas consecuencias.

Sostuvo que legislar en materia de asistencia social significa dar respuesta formal a los problemas y encauzar inquietudes, acciones y esfuerzos de la sociedad para atender las necesidades, para brindar el bienestar de los individuos.

En representación de Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño mencionó que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) existen 10 millones 700 mil huérfanos por alguna causa en América Latina y el Caribe y que México ocupa el segundo sitio con casi el 15 por ciento de los casos, al superar el millón y medio.

Expuso que “miles de niños y niñas quedaron en estado de orfandad debido a que sus padres estuvieron entre los 90 mil muertos, los 26 mil desaparecidos o de los más de 50 mil detenidos acusados por supuestos vínculos con el crimen organizado”.

Agregó que al aprobar el dictamen se permitirá que el Estado asuma su responsabilidad con la niñez y la adolescencia, de garantizar la protección de sus derechos fundamentales y particularmente de los dependientes de personas que permanecen desaparecidas, dado que esta condición los ubica en una circunstancia de vulnerabilidad.