La presentación se llevó a cabo en la Antigua Sede del Senado de la República, y contó con la participación de las y los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos; Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Beatriz Paredes Rangel, Integrante de la Comisión Especial para el seguimiento a la implementación de la agenda 2030 en México; Kenia López Rabadán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Para Alejandro González, “esta cuarta edición destaca que todos los estados del país tienen aún retos importantes, ya que los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”. Agregó que “los 32 estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y todos tienen aún desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido”.
Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).
Asimismo, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12.
Tres entidades federativas destacan por mostrar un progreso sostenido (es decir cada año han subido al menos 0.01) en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur, Guanajuato y Sinaloa.
El Senador Emilio Álvarez Icaza, anfitrión de la presentación, consideró que estos resultados demuestran que “aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos en México” e hizo un llamado a que éste Índice genere acciones concretas para garantizar su ejercicio.
Los límites al poder gubernamental en los estados siguen perdiendo fuerza
Los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del país, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país y permaneció sin cambios en 9. Estas caídas se explican por dos tendencias.
La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal.
La segunda es a contracción del espacio cívico, donde actúa la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, se agudiza, a pesar de ser los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal.
De acuerdo con Alejandro Ponce, “esta tendencia al retroceso es preocupante, ya que los contrapesos, o límites al ejercicio del poder gubernamental, previenen el abuso del poder y aplican sanciones a nuestros gobernantes cuando quebrantan la ley. También, fomentan la rendición de cuentas, es decir, que nuestros representantes cumplan con la obligación de dar información sobre sus decisiones y las justifiquen públicamente.”
A pesar del deterioro de estos contrapesos, la sociedad civil y la prensa se ubicaron de nueva cuenta como los más efectivos ante el Poder Ejecutivo estatal por cuarta ocasión, por encima del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos estatales.
Los sistemas de justicia fallan a nivel penal y civil
Los datos muestran que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo año con año.
En la medición de justicia penal, de las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior. Específicamente, más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en:
· la garantía a los derechos de las víctimas,
· adhesión al debido proceso,
· la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y
· la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal en todos los estados del país.
La eficiencia del sistema de justicia civil, medido por su celeridad, también se vio afectada en 18 estados.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias siguen siendo la dimensión del sistema de justicia mejor valorado y una alternativa atractiva para mejorar el acceso de justicia en México, de acuerdo con los resultados del IEDMX 2021-2022.
Uso de datos, factor clave para el avance en el Estado de Derecho
Las senadoras y senadores que participaron en la presentación coincidieron en la importancia que el Estado de Derecho tiene para sustentar de forma sostenible el desarrollo del país, así como en la necesidad de contar con datos y evidencia robustas para informar las políticas públicas para su fortalecimiento.
La Senadora Kenia López Rabadán declaró que “el Índice de Estado de Derecho en México es una herramienta imprescindible para conocer la situación de los Derechos Humanos en cada entidad de nuestro país. El fortalecimiento del Estado de Derecho es tarea de todas las personas y este Índice nos dice por dónde empezar.”
Acerca Índice de Estado de Derecho en México
El Índice de Estado de Derecho en México es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Es la cuarta edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de en las entidades federativas. Publicamos el primer Índice en octubre 2018, recolectando y analizando datos por lo menos 12 meses antes de su publicación.
Hasta la fecha, 18 estados y 5 dependencias y/o Secretarías del actual gobierno federal usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.
El IEDMX es un instrumento que sirve para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
Acerca del World Justice Project
El WJP es una organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Utiliza un enfoque multidisciplinario que incluye investigación, recolección y análisis de datos, el establecimiento de una red activa y global de conocimiento, y el apoyo a programas prácticos dirigidos a encontrar soluciones locales.
Desde 2008 WJP publica el Índice de Estado de Derecho a nivel global, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en 139 países. México se incorporó a la medición en 2009.