Reconoció que aunque “no hay cifras concretas” sobre el abuso sexual infantil y que “en ocasiones este delito puede o no estar vinculado con el crimen organizado, como en la trata de personas, afecta a decenas o quizá cientos de miles de víctimas que atenta contra los derechos inalienables de las niñas y niños”.
Tan sólo en el 2010, agregó, el DIF recibió 18,000 denuncias de maltrato infantil, de las cuales alrededor del cinco por ciento se relacionaban con la sexualidad.
Dijo que en la mayoría de los casos el victimario es una persona cercana a los menores, pero éstos son presionados para no acusarlos.
Ante este panorama, Saldaña Pérez propuso reformas la Ley General de Educación, con el propósito de establecer un programa nacional para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil.
Lo anterior, desde la perspectiva de género y en torno a la educación integral del cuidado del cuerpo y respeto a la dignidad humana.
La propuesta también plantea que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, permanecer en el sistema educativo nacional en igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
En este sentido, sugirió considerar como infracciones expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas y adolescentes embarazadas o que se les condicione su inscripción y/o permanencia en el sistema educativo.
Además, ejercer algún acto de discriminación que atente, vulneren o restrinjan el derecho a la educación de las mujeres, niñas y niños, o atente contra el acceso a la educación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La iniciativa se remitió a las comisiones de Educación y de Estudios legislativos, Segunda.