Al dar a conocer los resultados del informe La Infancia Cuenta en México 2012, señaló que la tasa de mortalidad se disparó en ese sector de la población y ha llegado a las 14.6 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que representa un incremento de más del 250 por ciento respecto de 2005.
Indicó que siete de cada diez muertes en adolescentes de esa edad ocurre por arma de fuego y se registran con mayor frecuencia en los estados del norte.
Esas cifras --consideró-- “son alarmantes” porque “estamos en 14.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y la Organización Mundial de la Salud plantea que cuando la tasa de homicidios supera los 11 casos se puede convertir en epidemia y nosotros en el segmento de adolescentes tenemos 14.6”.
Dijo que en el caso de Chihuahua la tasa de homicidios en la población de 15 a 17 años se colocó en 130 muertes por cada 100 mil habitantes en 2010, “casi 10 veces mayor a la media nacional”.
“Es el peor lugar para tener un adolescente; si ustedes tienen alguien conocido ahí de entre 15 y 17 años de edad, por favor tráiganlo a la ciudad”, expresó.
Advirtió que mientras las entidades federativas --y el país en su conjunto-- no asuman con seriedad la situación que viven esos segmentos de la población vamos a seguir repitiendo errores y problemáticas.
Informó que los asesinatos entre la población de 0 a 17 años de edad tuvo un importante incremento de 2000 a 2010, ya que pasó de 1.7 a 3.6 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que significó un aumento de 210 por ciento y representó mil 406 homicidios de niños y niñas en 2010.
Por otro lado, expuso que en México existen 39.2 millones de menores de edad, de los cuales el 10 por ciento se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
Ante este panorama, Pérez García estimó necesario armonizar todas las leyes estatales en esta materia, así como impulsar una ley general que garantice el pleno respeto y ejercicio de los derechos de niños y niñas en el país.
En este sentido, opinó que las leyes “son casi declaraciones de amor y suenan muy bonito” porque “dicen que los niños tienen derechos, pero no establecen ni qué ni quién es el responsable ni quién se va hacer cargo y qué sucede si alguien, por alguna razón, no cumple”.
Por su parte, la senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, subrayó que niñas, niños y adolescentes viven fenómenos sociales que ponen en riesgo --de forma grave-- su desarrollo integral y consecuentemente sus derechos.
Explicó que ese grupo social está expuesto a la violencia, adicciones, trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, desnutrición, obesidad, situación de calle, migración y embarazo en adolescentes.
“Y --agregó-- a la incipiente implementación de un sistema integral de justicia aplicable a adolescentes, a quienes se les atribuye la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales”.
Por ello, consideró que este tipo de reportes servirán como base para realizar propuestas legislativas que incidan en la materialización de estrategias que garanticen y procuren el ejercicio pleno de sus derechos.
Además, la legisladora priista aseguró que el Senado de la República está comprometido en trabajar para crear un marco jurídico nacional que garanticen el ejercicio íntegro de las garantías de los niños y niñas de este país.