Importante participación de Berenice Ramírez y José Ángel Córdova V. en el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?

Versión estenográfica del foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, llevado a cabo el miércoles 11 de febrero de 2009 en el Senado de la República con la participación de la maestra Berenice Ramírez López y del Dr. José Ángel Córdova Villalobos en la mesa donde se trato el tema de Seguridad Social.

La C. Mtra. Berenice Ramirez López, Profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México e Integrante de la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social: Muchas gracias.

Buenos días.

Agradezco la invitación del Congreso de la Unión, y los felicito por esta Iniciativa para participar como miembro de la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social.

Durante 10 años, sus integrantes de diversas disciplinas en universidades públicas nacionales y centros de trabajo, hemos analizado las reformas llevadas a cabo en el ámbito de la seguridad social. Esta es una oportunidad para dar a conocer nuestras preocupaciones y propuestas.

A la pregunta ¿Qué hacer para Crecer?

Les pregunto, con todo respeto, señores legisladores. ¿Para qué queremos crecer?

¿Para que continúe la polarizada distribución del ingreso y solo pueda crecer ese reducido número de familias que contemplan el 36 por ciento del ingreso nacional?

¿Queremos crecer a través de incentivar el consumo, las ventas financieras, olvidándonos de la necesaria inversión y realización del mercado interno?

¿O queremos realmente crecer para que el país encuentre una senda de desarrollos que le dé viabilidad a las generaciones futuras?

Porque desafortunadamente, para las actuales generaciones, con el bajo crecimiento que ha tenido el país en los últimos 28 años, sin oportunidades de educación, salud y empleo, buena parte de mexicanos ven truncado su proyecto de vida, y el 10 por ciento ha tenido que emigrar.

Si realmente están dispuestos a situar al desarrollo como el objetivo, entonces la seguridad social tiene que ser vista como componente esencial, como inversión necesaria para contar con una población saludable, nutrida, educada, capaz de generar y aprovechar oportunidades que el Estado debe inducir y provocar.

No hay que dejar en el olvido que uno de los mecanismos más efectivos de distribución de la riqueza, es la generación de empleos, pero no de cualquier tipo de ocupación, sino de empleos productivos, creadores y transformadores de las condiciones materiales que engrandezcan la inteligencia y con seguridad social, como parte de un mecanismo de redistribución.

La seguridad social que hemos tenido no cumplió con los objetivos básicos de ser universal, equitativa y solidaria.

Sólo 56 por ciento de los mexicanos tienen acceso a ella.

Sólo 33.8 por ciento de la población ocupada tiene acceso a salud y pensiones. Mientras 57.2 de los ocupados laboran sin prestaciones.

Menos de 20 por ciento de los mayores de 65 años tienen una pensión. Y ante la falta de empleo protegido, la cobertura tiende a disminuir.

En el ámbito de las pensiones, ha predominado la concesión de beneficios corporativos sin considerar costos futuros, cambios en el sector laboral, niveles salariales, ni el envejecimiento de la población.

Además de baja cobertura, los diferentes esquemas de aportes y de beneficios, dieron por resultado una seguridad social heterogenia, muy limitada, porque protege poco y mal a los más necesitados que son la mayoría, y muy injusta, pues otorga privilegios a minorías ya favorecidas económica y socialmente.

Hasta 1992, la seguridad social era responsabilidad exclusiva del Estado.

Con la reforma llevada a cabo por el Congreso de la Unión, ha iniciativa del Presidente Salinas, y que dio lugar al inicio de la cuenta individual y de su administración por el sector financiero, en este caso, por la banca comercial, se introduce el derecho mercantil en la seguridad social. Las nuevas disposiciones son contrarias a las garantías…

…las nuevas disposiciones son contrarias a las garantías consignadas en el artículo 123 constitucional, y sujetan al trabajador a contratos leoninos; con ellos se introduce la perspectiva de mercado y de responsabilidad individual.

En 1995 se aprobó la reforma del IMSS, fue una reforma estructural que modificó la forma de financiamiento; abrió la puerta para que el sector privado administrara los fondos de pensiones; dio lugar a que la seguridad social fuera acotada por el otorgamiento de seguros; modificó los requisitos para acceso a pensiones y reorganizó los servicios de Salud.

La reforma del IMSS prometió el círculo virtuoso de ahorro, inversión, empleo y crecimiento económico.

Las posibilidades parecían muchas ante lo acumulado en Afores, que a diciembre de 2008 representa 7.5% del PIB.

Sin embargo, estos recursos que constituyen ahorro financiero, están mayormente canalizados a deuda públicas.

La rentabilidad es en provecho máximo de Afores e insignificantes para los ahorradores.

Los recursos se han canalizado en mayor parte al gasto corriente del gobierno; quien emite bonos de deuda pública a largo plazo.

Este esquema no genera el esperado crecimiento económico y del empleo. La cobertura disminuye y no se otorga… y no se logra una financiamiento financiero con la separación entre prestación de servicios y financiamiento, que sólo ha fortalecido un sector intermediario oligopólico, propiciado por la apertura y liberalización sin la reglamentación adecuada.

Así la búsqueda de la rentabilidad de Afores, se antepone a la seguridad social. De igual forma, se ha gravado la injusta transferencia de recursos que va de la población no-asegura y mas pobres, a la asegura y más pudiente.

En 11 años de funcionamiento de capitalización individual, muestra grandes divergencias entre cuentas administradas y trabajadores activos.

Lo cual, nos habla de cuentas que ya no reciben aportaciones, porque los trabajadores perdieron su empleo o salieron del esquema formal.

Del total de cuentas registradas, sólo 37% reciben aportaciones mes a mes.

También se observó que en el período 97-2007, y debido a las altas comisiones, los trabajadores sólo recibieron 40% de las rentabilidades que obtuvieron Afores y Siefores.

Con las minusvalías en 2008 ese porcentaje no sólo es menor, sino que la pérdida es evidente.

Aproximadamente .8% de PIB, lo que hubiera servido para otorgar una pensión básica universal para todos los mayores de 70 años.

Además, ha sido notoria la concentración de recursos. De 19 Afores que hay en la actualidad, seis concentran 71% de los recursos. Hay que recordar que la reforma también se realizó para deshacer el monopolio del IMSS.

Asimismo, las finanzas de esta institución no han mejorado. El Seguro de Salud y Maternidad, incluyendo gastos médicos de pensionados y el seguro para la familia, arrastran un gran déficit que para el período 2008-2050, equivale a 40% del PIB del 2007.

Instrumentar la reforma en un contexto de baja creación de empleo asalariado y sin incrementar las cuotas a patrones y trabajadores, son causa directa de la quiebra técnica en la que se encuentran los Seguros de Salud a cargo del IMSS.

Pero en lugar de atender y rescatar a esta institución, se instrumenta el Sistema de Protección de Social en Salud, que administra tanto al Seguro Popular como al Seguro Médico para una Nueva Generación.

Su objetivo es atender a población abierta; está recibiendo importantes recursos, pero se apoya en infraestructura de las instituciones de seguridad social; reproduce la segmentación de la sociedad mexicana y contribuye a que aumente en atención médica, los tiempos de espera.

Y en la relación con el sector privado, la mercantilización de los servicios sobresale, antes que la ampliación de la cobertura.

Habría que explicar la diferencia en monto de recursos, entre lo que llega al Seguro Popular frente al Programa IMSS-Oportunidades, para evitar suspicacias de que lo que se quiere es profundizar la crisis del IMSS; todo ello en relación a cobertura, calidad y eficiencia.

Ante esta realidad que muestra complicaciones para lograr equilibrios financieros, acceder a la salud y contar con una pensión, en lugar de hacer una evaluación del diseño, funcionamiento y metas alcanzadas en el IMSS, se aprueba la reforma del ISSSTE, con modificaciones similares en cuanto al financiamiento, la administración de recursos, reforma en pensiones y salud.

Había que demostrar que se podían hacer reformas, aunque el objetivo de contar con una mejor seguridad social, no fuera viable.

Señores legisladores: La formulación de propuestas debe partir de considerar que la seguridad social debe brindar cobertura universal, en forma suficiente, equitativa y sostenible.

Insistir en que el Sistema de Pensiones, única y exclusivamente se base en aportaciones obligatorias a cuenta individual de administración privada, se traduce en implicaciones sociales y desafíos nacionales que pueden agravar condiciones de inseguridad social, de sostenibilidad fiscal, de baja cobertura y de alto costo.

En la cuenta individual prevalece el principio de equivalencia estricta, entre la cotización, rentabilidad y nivel de pensión; pero hay que tomar en cuenta que el 70% de los ocupados reciben hasta cinco salarios mínimos.

Las expectativas y características del empleo son de pocas plazas y sin protección social.

La rentabilidad de Afores y Siefores está fuertemente condicionada por la regulación establecida y la crisis financiera y el cobro de comisiones, que ahora es sobre saldo, erosiona fuertemente el ahorro constituido en estos 11 años.

Ante esta realidad, hay que proponer pensiones no contributivas, para los que han estado fuera de la seguridad social, con nuevos modelos de financiamiento y de administración de estos recursos.

La capitalización individual no resuelve el costo fiscal, porque se transforma en una transferencia de recursos, del ahorro provisional de los trabajadores a los inversionistas institucionales privados, que invierten mayormente en bonos gubernamentales; mientras el Estado seguirá pagando las pensiones del régimen anterior y los programas asistenciales.

Habrá necesidad de otorgar pensiones mínimas a una importante proporción de trabajadores; tendrá que pagar los intereses de los bonos.

A esto se suma que los recursos que antes administraba el Estado, son ahora materia de especulación por parte de entidades privadas, las que se quedarán por concepto de comisión, con un porcentaje del orden del 20% del total de los recursos.

Más que señalar que se agotó el modelo de reparto solidario, la experiencia mexicana y de varios países latinoamericanos, muestra que lo se agotó es la forma en que se instrumento, mas no la esencia, que le da sentido.

La solidaridad intergeneracional da cuenta de transferencias en una colectividad o sociedad condicionada por ciclos de vida, económicos, políticos, en los que las generaciones se van interrelacionando.

La producción actual se ha derivado de un proceso de acumulación de riqueza, tecnología, conocimientos y aprendizaje que dará cuenta de la producción futura.

De la misma forma, las redes sociales se han caracterizado por la ayuda a las generaciones jóvenes y de éstas a los viejos.

En esa esencia de colectividad, los solidarios rinden más beneficios que lo individual, principalmente en el ámbito de la seguridad social, en donde los niveles de riesgo por individuo, son diversos; por lo que los costos de los riesgos individuales se pueden compartir mejor, en bolsas colectivas.

La experiencia internacional está demostrando la ineficacia del sistema de pensiones que se apoya en un solo pilar. En países de menor desarrollo, dicha situación se profundiza, si las pensiones son solamente de contribución obligatoria, a cuenta individual y administración privada.

Es verdad que estamos ante una proyección de envejecimiento dinámico, que crecerá geométricamente, pero estamos dejando en este momento, por la falta de empleo, sin opción, a miles de jóvenes y de adultos en edad de trabajar; lo que hará más difícil ampliar cobertura.

Señores legisladores: Necesitamos darle base y certidumbre, no sólo a la seguridad social, sino al modelo de crecimiento.

Tienen que proponerse ponerlo de pie.

Ante la gravedad de la crisis, se está planteando aumentar el porcentaje de retiro de la cuenta individual, que ante pérdida de empleo establece la Ley del Seguro Social, y aumentar el tiempo de atención en el IMSS, por pérdida de empleo.

Se da la orden de gastar más en políticas asistenciales, cuando lo primero que se debe proponer, es incentivar inversiones productivas, que generen empleo protegido e ingresos y contribución a la seguridad social.

El campo está abandonado. La producción de alimentos limitada. Las pequeñas y medianas industrias y créditos ni incentivos.

¿De qué le sirve a una familia retirar un monto muy pequeño, cada tres años como seguro de desempleo? ¿Y de qué manera recuperará en su ahorro estos recursos, así como las semanas de cotización?

Ello dificulta aún más, que pueda contar con el futuro con una pensión.

¿Cómo va responder el IMSS sin mayores recursos, a los trabajadores que no están cotizando y que por lo mismo no recibirá la cuota social del Estado?

Indudablemente que la presión en los tiempos de espera aumentará, las medicinas serán más escasas y la calidad de la atención se deteriora aún más.

Bajo estas consideraciones, hago las siguientes propuestas: Evitar salidas apresuradas y de respuestas a intereses creados. Para encontrar soluciones… y de respuestas a intereses creados, para encontrar soluciones que necesariamente son de largo plazo, evitar que el Ejecutivo Federal ponga en práctica medidas o acciones que son inviables y que propician la gravedad de la seguridad social, que se homologuen a nivel nacional pensiones no contributivas para los mayores de 70 años que lo requieran. Esta medida no incentiva al mercado informal porque tenemos una estructura laboral muy cimentada y representa un bajo costo fiscal a diferencia de los costos de transición de las reformas realizadas.

Instrumentar acciones que conduzcan a eliminar situaciones de privilegio como la que trata de entender Rosa, Anciana de 80 años, que recibe una pensión de mil 400 pesos mensuales, como viuda de su esposo, quién fue obrero y que no se explica por qué el patrón de la casa donde trabajo su hija, jubilado de la Banca de Desarrollo recibe de pensión 60 mil pesos mensuales por trabajar seis años y además cobra su sueldo de funcionario internacional.

¿Cuáles son los méritos de algunos y por qué l mayoría no tiene nada? La crisis económica es muy profunda, se generó y profundizó por las condiciones internas, por la desarticulación productiva y por la polarizada distribución del ingreso, no se puede salir de ella con una posición voluntarista de que sólo hay que echarle ganas, así se trata de fuertes negociaciones políticas, de impulsar cambios radicales al modelo económico, ya que hay muchos intereses que se anteponen a la seguridad social, más cuando se ha defendido las ventas financieras, los despojos del ahorro de los trabajadores y la mercantilización de la salud, si se continua el mismo modelo por cada punto porcentual del PIB sólo se podrán crear 123 mil empleos en lugar del millón 200 mil que se requiere.

Estamos preocupados por la pérdida de principios éticos y no hemos reparado en considerar que el modelo económico y político del país conduce a muchas simulaciones, los médicos optan por el hospital privado, porque no hay incentivos para la medicina social, los agentes de las AFORES viven una cruda moral porque tienen que dar de comer a sus familias y captan clientes sabiendo que hay una alta probabilidad de que ese trabajador no obtenga pensión.

Es claro que para un programa tan complejo no basta este foro, pero debemos de aprovechar la importancia y capacidad de los aquí reunidos para proponer la creación de una comisión de expertos que realicen un diagnóstico integral del estado que guarda la seguridad social, los efectos y resultados de las reformas instrumentadas y que ello permita a los legisladores promover los cambios y modificaciones necesarias para lograr una seguridad social que garantice cobertura y calidad, diagnóstico que deberá ponerse a discusión para consensar nuevos pactos sociales y una nueva institucionalidad, se trata de nuevas relaciones sociales y económicas entre generaciones y grupos que en una renovada política de estado y de seguridad social, garantice equidad, solidaridad y redistribución del ingreso.

Muchas gracias por su atención.

Dr. José Ángel Córdova Villalobo

José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, quien es médico cirujano, maestro en administración pública, diputado fue del Grupo Parlamentario del PAN, presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, titular de la Academia de Profesores y Alumnos de la Facultad de Medicina, director de la Facultad de Medicina; y profesor titular de tiempo completo de la actual Facultad. Actualmente se desempeña como secretario de Salud. Tiene usted uso de la palabra, señor secretario. Gracias.

-EL C. DR. JOSE ANGEL CORDOBA VILLALOBOS: Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos distinguidos señores y señoras legisladores, muchas gracias por esta oportunidad; distinguidos compañeros del panel, personas asistentes al mismo.

Quiero primero agradecer la invitación a participar en esta sesión, en este panel al Congreso de la Unión por esta iniciativa impulsada de una manera tan oportuna y tan incluyente.

La discusión de las alternativas de política para hacer frente a la crisis económica internacional es relevante en dos sentidos: primero en su sentido inmediato en términos de cómo mitigar los efectos de la crisis y proteger a la economía en su conjunto y por lo tanto a la población mexicana.

En segundo lugar, la discusión es relevante considerando que esta coyuntura nos permite reflexionar acerca del papel que puede tener el sistema de salud para mejorar la salud de la población y con ello contribuir al desarrollo económico en el mediano y en el largo plazo.

Empezando por el segundo punto sobre la relación entre salud y desarrollo económico, término que engloba tanto el nivel y la distribución de la riqueza como la tasa de crecimiento de la economía. Existe un cúmulo de evidencia que el desarrollo económico genera mayor salud, es decir, la evidencia indica que los países con mayor desarrollo económico tienen una mayor esperanza de vida; sin embargo, el análisis de la relación inversa, es decir, el efecto que tiene la salud sobre el desarrollo económico es relativamente más reciente.

Derivado de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Macroeconomía y Salud impulsadas por la Organización Mundial de la Salud en el 2002, la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud es la que participó activamente en la Secretaría de Salud, se dio a la tarea de analizar la relación entre la inversión en salud y el crecimiento económico en México.

El aspecto principal a destacar de dichos trabajos es la relevancia que tiene la inversión en salud en los procesos de acumulación de capital humano, en las condiciones de pobreza y en el crecimiento económico. La salud contribuye de manera directa al crecimiento económico de largo plazo mediante los siguientes mecanismos: aumenta la productividad laboral de los adultos y el desarrollo cognitivo de los niños a través de mejoras en la nutrición; reduce las pérdidas de producción de los trabajadores y de asistencia escolar de los niños, que se generan como resultado de la enfermedad; libera para otros fines recursos financieros que de otro modo sería necesario destinar para atender la enfermedad.

Existe evidencia empírica para México, que sustenta que la salud tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico, por ejemplo, la evidencia punta a que la salud fue responsable de aproximadamente un tercio del crecimiento económico de largo plazo para el período 1970-1995, el tiempo que la nutrición o al tiempo que la nutrición juega un papel importante en la permanencia escolar infantil.

Por otra parte, la salud es un factor determinante en la incidencia de la pobreza, así como de su persistencia en el tiempo, es decir, lo que se conoce como las trampas de la pobreza. Las trampas de la pobreza ocurren cuando una familia invierte menos en la salud y la nutrición en los niños en el momento ante una pérdida de salud se enfrenta a un gasto catastrófico empobrecedor o como una consecuencia de un evento adverso, como una crisis económica o como un desastre natural.

El deterioro del estado de salud y nutricional de los niños afecta negativamente su capacidad de aprender y su productividad cuando son adultos, y por lo tanto su nivel de ingreso en el futuro. Dado que el nivel de ingreso y la educación de los padres afectan la salud y nutrición de los hijos se reproduce así un círculo vicioso de la pobreza.

Para ilustrar el proceso inverso, es decir, cuando la inversión en salud permite evitar una trampa de pobreza, me remitiré a un ejemplo citado en el informe de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud: cuando los miembros de una familia gozan de buena salud el padre y la madre están en posibilidad de buscar y tener un trabajo remunerado, pueden generar riqueza y consecuentemente pueden alimentar a sus hijos y enviarlos a la escuela, niños sanos y bien nutridos tendrán un mejor rendimiento escolar, lo que impactará positivamente en el ingreso futuro. Además, si los padres están seguros de que sus hijos tienen una alta probabilidad de vivir hasta ser adultos, tendrán por lo general un menor número de hijos y podrán invertir más en salud y en la educación de cada uno de ellos. Este es el círculo virtuoso que resulta de invertir en las primeras etapas en infancia.

En este contexto, el sistema de salud no sólo debe apoyar para mantener y acrecentar el acervo de salud de los individuos a fin de potenciar sus demás capacidades, sino también evitar su deterioro en situaciones adversas que ocurran ya sea en el entorno familiar inmediato, como es el caso cuando se presenta una enfermedad, cuando muere algún familiar o cuando hay una mala cosecha, o bien cuando ocurren efectos adversos en un entorno más amplio, como es la crisis económica que enfrentamos actualmente o cuando hay una epidemia o un desastre natural.

En suma, el sistema de salud tiene un papel esencial para proteger el acervo de la salud, entendido como un ingrediente clave en el capital humano ante situaciones de crisis. Tenemos que emprender acciones inmediatas para mitigar las consecuencias negativas de la crisis sobre el crecimiento y la pobreza.

Es importante destacar que si bien el reto de enfrentar la crisis es grande, la situación que guarda el sistema de salud mexicano es muy distinta a la observada durante la crisis de 1994. Se han llevado a cabo una serie de acciones apoyadas por el Congreso de la Unión que nos permitirán hacer frente a esta crisis bajo una perspectiva muy distinta a la que prevalecía en 1994, algunas de ellas son las siguientes:

Se completó el proceso de descentralización que inició en 1998, se fortaleció y consolidó el programa de desarrollo humano, Oportunidades, incluyendo el componente de salud que ha sido un elemento clave para apoyar a la población en situación de pobreza. Se creó el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Popular para extender el aseguramiento público en salud a la población sin acceso a la seguridad social.

Se creó el Seguro Médico para una nueva generación y se estableció el programa de embarazo saludable que permiten invertir precisamente en las primeras etapas de la infancia. Además, el gasto público en salud ha aumentado de manera significativa al pasar de 2.1 como porcentaje del PIB en 1996 a 3.1 en el 2007.

Al igual que en términos macroeconómicos y de desarrollo institucional el México de hoy no es el mismo que el de hace quince años. Hoy tenemos un sistema de salud más articulado y que cuenta con mayores elementos para hacer frente a la crisis, no obstante enfrentamos también desafíos nuevos y distintos en materia de salud.

Como resultado de la crisis actual podría esperarse mayores presiones sobre el gasto público derivadas de la desaceleración de la economía y la reducción de los ingresos de la federación. Ante un mayor desempleo y una eventual reducción en el ingreso de los hogares podría enfrentarse una mayor demanda de servicios médicos y de medicamentos, en particular en el segmento de la población no cubierta por esquemas de aseguramiento público.

El problema anterior podría agravarse si hubiera limitaciones en el sector público para garantizar el abasto y el acceso a medicamentos como parte de los sistemas de aseguramiento público en salud y para extender la cobertura del Seguro Popular. En suma, a raíz de la crisis actual pudiera reducirse el financiamiento del sector tanto en su componente público, como en el privado. Considerando el carácter progresivo de financiamiento público, específicamente el del gasto dirigido a la población no asegurada, una reducción sustancial en dicha fuente de gasto no podría ser compensada por los hogares. Por lo tanto, aumentaría el riesgo de no satisfacer las necesidades de salud, y en consecuencia entrar en un círculo vicioso: enfermedad, pobreza, enfermedad.

En este contexto ¿qué puede hacer el sistema de salud? En términos de la respuesta que debemos de dar en el corto plazo la prioridad de la política de salud es proteger a la población vulnerable para evitar dar marcha atrás en los avances en materia de reducción de la pobreza y evitar que las familias se empobrezcan por razones de salud, al mismo tiempo estamos obligados a hacer un uso óptimo de los recursos disponibles y garantizar que cada peso destinado al sector se traduzca en beneficios efectivos sobre la salud de la población.

Si bien, el sistema de salud ha estado trabajando de manera coordinada para lograr algunos de estos objetivos como parte de una estrategia de política pública para reducir el impacto de la crisis financiera actual, proponemos enfocar los esfuerzos de manera particular en las siguientes acciones: proteger la disponibilidad de los recursos públicos para el sector salud en su conjunto, el gasto en salud ha aumentado de manera significativa durante los últimos años, especialmente el gasto para la población no asegurada.

Además de aumenta o se ha aumentado la disponibilidad de recursos para el sistema, esto ha permitido reducir las diferencias en el gasto público de salud per cápita entre la población asegurada y no asegurada, la diferencia entre los mexicanos según su estatus laboral, y por lo tanto promover una mayor equidad en el financiamiento.

Se considera importante no perder los logros obtenidos en la última década. Tal y como lo ha anunciado el Gobierno Federal se ha previsto con el apoyo del Congreso de la Unión no sólo mantener el gasto público en salud, sino fortalecerlo mediante la asignación al sector salud, a la Secretaría de Salud y los estados, en este año más de… De salud y los estados en este año más de 133 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de un 63 por ciento del 2006 a la fecha.

Asimismo, se ha decidido impulsar la ampliación de la infraestructura hospitalaria del país, por lo que en el 2009 se destinarán aproximadamente 7 mil millones de pesos para construir nuevos hospitales y centros de salud, y quiero decirles que el 90 por ciento de los recursos se están destinando a atención primaria a la salud.

Garantizar la protección financiera y el acceso a servicios de salud a través de esquemas públicos de aseguramiento en salud. En el ámbito de la seguridad social, como lo anunció de manera reciente el Presidente de la República, en el marco del Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo, se extenderá de dos a seis meses la cobertura de la atención médica y de maternidad del Seguro Social para los trabajadores que hubiesen perdido su empleo y sus familias.

De manera complementaria se propone fortalecer y acelerar la focalización en la extensión de la cobertura del Seguro Popular y del Seguro Médico para una nueva generación, incluyendo el programa de embarazo saludable, con un mayor énfasis en los grupos de población más vulnerables, la población que vive en pobreza y los migrantes que regresen al país.

Al cierre del 2008 el Seguro Popular cubre ya a 9.1 millones de familias, equivalentes a 27.2 millones de personas. Hoy se estima que alrededor de 11 millones de familias contarán con la protección de este seguro popular al finalizar el 2009.

El gasto público en salud para la población sin acceso a la seguridad social se caracteriza por ser altamente progresivo, es decir, beneficia a la población de menores ingresos, por lo que deberá potenciarse su efectividad.

En particular, la población de menores ingresos no tiene acceso a mecanismos de aseguramiento, por lo que está expuesto al círculo vicioso que se genera entre la enfermedad y la pobreza, es por ello que una prioridad de esta administración es garantizar el acceso universal a esquemas de aseguramiento en salud.

Garantizar los recursos financieros para cubrir la filiación al Seguro Popular y que estos se canalicen de manera expedienta y sin demora a las entidades federativas que ejercen más del 82 por ciento de estos recursos, y a los prestadores de servicios.

El flujo temprano de recursos para el Seguro Popular y otros programas preventivos, además de la mayor inversión en obra pública en salud contribuirán, sin duda a crear empleos. Hacer un uso óptimo de los recursos públicos y hacer más eficiente el gasto público en salud.

Es importante establecer de manera clara y explícita las acciones y programas, cuyo financiamiento será priorizado tanto a nivel federal como estatal. Las economías pudieran servir para hacer frente a una mayor demanda por servicios en todo el sistema y para fortalecer la extensión de los beneficios de la seguridad social, anunciada en el marco del acuerdo nacional.

Como parte de ello, se está trabajando en una mayor coordinación entre las diferentes instituciones que conformamos el sistema nacional de salud, en acciones específicas, orientadas a promover la eficiencia del sector.

En concreto, estamos impulsando acciones coordinadas para promover un padrón único de beneficiarios de diferentes esquemas públicos de aseguramiento médico. Establecer expedientes electrónicos, compatibles entre instituciones para fortalecer y hacer posible la portabilidad del usuario; brindar mayor acceso a los servicios de salud mediante estrategias focalizadas, como son las caravanas de la salud, y la construcción de clínicas y hospitales que respondan a un plan nacional de infraestructura de las diferentes instituciones del sector.

Fortalecer las acciones para obtener mayor valor por el dinero en la cobertura de intervenciones, y en la compra pública de medicamentos, incluyendo garantizar el abasto de medicamentos y la institucionalización de los procesos de priorización de las intervenciones y de la incorporación de nuevas tecnologías en salud.

Así como el proceso de negociación de medicamentos de patente a nivel federal, la visión de las entidades federativas a los resultados de dicho proceso, y el proceso de compra coordinada de genéricos.

Cabe mencionar que en el 2009 se generarán ahorros de alrededor de 5 mil millones de pesos, como resultado de la negociación a nivel federal del precio de los medicamentos patentados y otros tres mil 600 millones como resultado de la compra de los genéricos a nivel estatal para el Seguro Popular.

Aumentar los recursos destinados a la prevención de enfermedades, ya que cada peso que se gasta en prevención representa ahorros sustantivos en tratamientos de salud. En este año se invertirán en las entidades federativas más de 11 mil millones de pesos para el desarrollo de actividades de prevención, promoción, detección oportuna y control de enfermedades. En el año 2000 los recursos asignados para estos rubros eran 500 millones, este año 11 mil millones de pesos.

Liberar recursos mediante la reducción de gastos no prioritarios y trasladar las economías resultantes a las áreas operativas; fortalecer las políticas de austeridad en el gasto administrativo del sector.

En el mediano plazo nuestro sistema de salud debe seguir avanzando en consolidar las políticas desarrolladas a la fecha y dar nuevos pasos hacia una mayor integración del sistema para sí poder verdaderamente alcanzar la cobertura universal para el 2011.

Finalmente, confío en que estaremos los mexicanos, como siempre, al a altura de los retos que enfrentamos y que el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, en la coyuntura actual es una oportunidad para potencializar su efecto positivo sobre el desarrollo económico en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias.