Tales agrupaciones demandaron en conferencia de prensa investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura y que se rechacen todos los testimonios obtenidos a través de esta práctica.
En un pronunciamiento conjunto, 18 de las más importantes organizaciones defensoras de derechos humanos del país subrayaron que diversos mecanismos internacionales acreditaron que la tortura es generalizada en México.
Aseveraron que se trata de un crimen y una violación grave a las garantías fundamentales y, en ciertas circunstancias, puede ser considerado un crimen de lesa humanidad.
La Ley contribuirá a la erradicación de la tortura, sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes, subrayaron.
Entre las agrupaciones que suscriben la carta están el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 75 organizaciones de 21 estados del país.