Entre los servidores públicos de cada estado y el Distrito Federal, se encuentran: el procurador General de Justicia, el secretario General de Gobierno, los subprocuradores, el director General de la Policía Ministerial, de la Policía Judicial y de la Policía Investigadora y el fiscal General del Estado.
En su respuesta inicial, la PGR orientó al particular a presentar su petición ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, órgano que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Posteriormente, en alegatos, modificó su respuesta y manifestó que la información se encontraba reservada, con fundamento en los artículos 14, fracción I y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo anterior, ya que se trata de información contenida en los expedientes y reportes de resultados de los procesos de evaluación, los cuales se consideran reservados, de conformidad con el artículo 56 de la Ley Orgánica de la PGR.
Tras analizar la normatividad aplicable, el Instituto consideró procedente la reserva de los expedientes de evaluación, en razón de que su difusión implicaría revelar los reactivos o las preguntas aplicadas y, en consecuencia, se pudieran vulnerar los procesos de admisión o de permanencia del personal.
No obstante, por lo que hace a la reserva del nombre, cargo y resultado de la evaluación aplicada, el IFAI consideró que ésta es improcedente, en razón de lo siguiente:
Los nombres y cargos de los altos mandos evaluados es información que, por obligación, debe ser pública.
En cumplimiento a la resolución RDA 4256/12, la dependencia dio a conocer los nombres de los altos mandos de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.
Dar a conocer el resultado obtenido por los servidores públicos evaluados, da cuenta de la idoneidad de éstos para ocupar sus respectivos cargos en el “Sistema de Seguridad” y contribuye a transparentar la gestión pública.
La difusión de esta información permitiría a la sociedad evaluar si el servidor público cumple o no con los principios constitucionales que rigen su actuación: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Además, el resultado de la evaluación daría cuenta de que los servidores cubren el perfil solicitado para ocupar determinado puesto.
Por lo tanto, el Pleno del IFAI determinó revocar la clasificación invocada por la PGR e instruirle a entregar una versión pública del documento que de cuenta de los resultados de las evaluaciones de control de confianza, aplicadas a altos mandos de seguridad pública de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, entre 2011 y junio de 2013.
En acatamiento a dicha instrucción la PGR entregó un listado que contienen el nombre de 105 altos mandos de seguridad pública evaluados, especificando cargo y resultado.