A través de un punto de acuerdo, el Legislador por Coahuila consideró que esos cambios “deberán incluir los mecanismos necesarios para que toda la información financiera pueda ser conocida con oportunidad y veracidad por los órganos de autoridad correspondientes y por la ciudadanía, así como los límites necesarios para impedir que las entidades, sus municipios y los organismos autónomos y descentralizados adquieran deuda pública por montos que superen el 15 por ciento de su presupuesto anual vigente por una sola vez, y evitar que soliciten créditos que aumenten el porcentaje antes citado”.
Subrayó que la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización son los mecanismos e instrumentos principales para combatir la corrupción, el abuso de poder y, en general, toda práctica gubernamental tendiente a realizar malos manejos con los recursos públicos.
Esto, remarcó, sólo se puede alcanzar si la transparencia es real y no simulada, si la rendición de cuentas y la fiscalización van de la mano de un sistema o régimen de acceso a la información y transparencia verdadero.
“Un gobierno que se niega a acatar las leyes relacionadas con el manejo claro de sus finanzas, acciones y programas, es un gobierno corrupto, simulador, abusivo y amigo de todos los vicios y delitos que se pueden cometer contra el sano y justo manejo del dinero de los contribuyentes”, sostuvo.
Indicó que independientemente de las reformas legales que propongan en el Senado para tratar de imponer candados a las entidades federativas y a los municipios, en materia de contratación de créditos, los estados tienen que hacer lo propio.
“Deben, con urgencia, modificar sus constituciones locales, sus leyes de deuda y las de fiscalización y rendición de cuentas, con el objetivo de terminar con la opacidad, la simulación, la corrupción y el abuso de poder en la adquisición de pasivos y en todo su manejo financiero”, concluyó.
El punto de acuerdo de Salazar Fernández se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictaminación.