Padierna Luna refirió que en las últimas semanas se han denunciado situaciones de vigilancia y espionaje, ya no de figuras públicas o delincuenciales, sino de la ciudadanía en general; destaca el caso de Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien reveló una red de espionaje iniciada desde 2007 o la revelación respecto a que el CISEN está negociando un contrato con Intellego y EMC Computer Systems S.A. por aproximadamente 230 millones de pesos, para tener un sistema de vigilancia a profundidad de comunicaciones en Facebook, Twitter y cuentas de correo electrónico o la información que se difundió sobre la vigilancia a redes, PCs y celulares en México efectuada por la Procuraduría General de la República
“Nuestra Constitución en su artículo 16, establece que la injerencia en la privacidad está condicionada a un mandamiento escrito y que los datos personales deben gozar de absoluta protección. La intervención o vigilancia de comunicaciones privadas solo se puede dar bajo reglas muy específicas. Asimismo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada detalla que las solicitudes de intervención deberán referirse a personas específicas y definir su temporalidad”, recordó.
A consideración de la también integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, “un Estado que vigila a su población, inhibe e intimida a la ciudadanía para limitar su libre expresión, genera un ambiente adverso para el libre ejercicio de los derechos humanos. La intervención de comunicaciones privadas ha dejado de ser ocasional y se ha convertido en algo continuo y sistemático, por lo que estamos ante graves violaciones a la libre expresión y a la privacidad, a los tratados internacionales, a los artículos de la Constitución y a las leyes relativas”.
“Por ello, el Congreso de la Unión requiere de información necesaria para realizar adecuaciones que armonicen las leyes federales contra la delincuencia organizada y de protección de datos personales para regular con precisión la adquisición y uso de estas herramientas informáticas y castiguen en su caso los ilícitos de parte de funcionarios de gobierno”, concluyó.