"El pueblo bielorruso ha buscado ejercer pacíficamente sus derechos democráticos básicos y el Estado ha respondido continuamente con violenta represión", manifestó en un comunicado el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

El titular del Tesoro estadounidense consideró que estas sanciones, junto a las que han tomado sus aliados, servirán para "pedir responsabilidades a los individuos y organizaciones que han llevado a cabo estas acciones inaceptables".

En concreto, EE.UU. impuso sus sanciones más duras al viceministro del Interior bielorruso, Gennadi Kazakévich, al que acusa de ser el brazo ejecutor de la "política de violenta represión" contra las protestas dirigidas hacia el máximo dirigente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, ya sancionado por Washington anteriormente.

Como resultado de esas sanciones, ejecutadas por el Departamento del Tesoro, quedan congelados los activos que Kazakévich pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y se le prohíbe las transacciones financieras con ciudadanos o empresas de EE.UU.

Ese tipo de sanciones también fueron usadas por el Tesoro para castigar a cuatro instituciones bielorrusas: la Comisión Electoral Central (CEC), la policía antidisturbios que depende del Ministerio de Interior, el departamento de policía de Minsk y el grupo Alfa, una unidad antiterrorista de operaciones especiales de la Federación rusa.

Esas cuatro entidades fueron sancionadas por su papel en la "violenta" represión de manifestantes pacíficos y miembros de la oposición después de los comicios presidenciales.

Asimismo, el Departamento de Estado identificó a 39 individuos responsables por "socavar" la democracia en Bielorrusia y les impuso restricciones de visados, lo que les impide viajar a territorio estadounidense.

Hasta ahora, EE.UU. ha prohibido la entrada a su territorio a 63 individuos y ha congelado los fondos que puedan tener en su territorio otros 25 ciudadanos bielorrusos y 13 entidades.

Por su parte, desde el 6 de noviembre, la Unión Europea (UE) ha impuesto varias sanciones contra altos cargos bielorrusos, incluido Lukashenko, en el poder desde 1994.

La oposición bielorrusa y Occidente consideran fraudulentas las elecciones presidenciales de agosto pasado, que el presidente bielorruso, ganó con más del 80 % de los votos, según los datos oficiales.