En un informe publicado este miércoles, el organismo de defensa de derechos humanos explicó que atreverse a hablar del aborto y la educación sexual en Latinoamérica parece ser razón suficiente para que tachen a las activistas de “delincuentes”, “asesinas” o “terroristas”.
La directora del Programa de Amnistía Internacional (AI) para América, Érika Guevara Rosas, apuntó que los gobiernos deben asumir su responsabilidad de proteger a las defensoras de los derechos humanos y de los derechos reproductivos para evitar que empeore el acoso a que son sujetas.
“Las implacables campañas de difamación emprendidas contra las mujeres cuyo trabajo consiste en promover los derechos y el bienestar común revelan el peor aspecto de una región que dice estar avanzando en materia de derechos humanos”, señaló Guevara Rosas.
Titulado “Defensoras bajo ataque. Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas”, el informe está basado en testimonios de decenas de activistas de toda Latinoamérica que han sido víctimas de hostigamiento en público, amenazas de muerte y agresiones físicas por su trabajo.
El informe precisó que las agresiones públicas fueron obra tanto de particulares como de representantes de gobiernos, y que estos delitos raramente son investigados y casi nuca resultan en la consignación de los responsables ante los tribunales.
“El hecho de que se emprendan estas campañas no es sorprendente, pero ver a las autoridades cruzadas de brazos mientras se aterroriza a activistas y a sus familias hasta el punto de hacerles abandonar su trabajo es absolutamente estremecedor”, consideró Guevara Rosas.
El informe documentó amenazas sufridas por activistas en Paraguay, que incluye acoso telefónico y destrozos en sus automóviles; así como una campaña contra defensoras de los derechos de las mujeres en El Salvador, quienes fueron catalogadas de “promuerte”.
El texto destacó que en el estado de Yucatán, en el sureste de México, donde el acceso a los servicios de aborto es legal en determinadas circunstancias, se emprendió una campaña contra las integrantes de la única organización que presta servicios de aborto legal y sin riesgos.
La campaña realizada en esa entidad obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo, debido a su temor a sufrir una agresión si permanecían trabajando en la clínica.
“Al no proteger el trabajo inestimable de las activistas de los derechos humanos y, en muchos casos cometer tales delitos, los gobiernos de toda América están perpetuando las condiciones que hacen posibles estas terribles campañas de difamación”, enfatizó Guevara Rosas.