El BPI cree que las empresas tendrán que reestructurar la deuda

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) considera que la deuda puede llegar a ser insostenible para empresas y hogares y que "será necesario recurrir a la reestructuración de deuda" de empresas.

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El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Agustín Carstens.

En su Informe Económico Anual 2020, publicado hoy, el BPI analiza la respuesta dada por los bancos centrales y Gobiernos a la repentina paralización de la economía mundial que hubo de inducirse para evitar un desastre de salud pública por la pandemia de covid-19.

"En la próxima fase de la crisis, la atención se desplazará de la liquidez -garantizar que las empresas dispongan de suficiente efectivo para operar- a la solvencia, ya que la viabilidad de muchas empresas se verá puesta a prueba", según el informe.

"La fortaleza de la recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia y de cuántas secuelas deje. Cuando los recursos se trasladen de sectores en retroceso a otros en crecimiento, será necesario recurrir a la reestructuración de deuda", según el BPI.

Los sectores del turismo, minorista y de viajes han sido "especialmente golpeados" por la pandemia.

El BPI advierte de que la deuda puede llegar a ser "insostenible para algunas empresas y hogares" por lo que las insolvencias parecen casi inevitables.

"La experiencia sugiere que cortar rápidamente el exceso de capacidades y reestructurar la deuda tiende a producir recuperaciones más rápidas que un proceso más gradual", añade el informe.

Pero un aumento de bancarrotas podría superar la capacidad de reestructuración del sistema, en particular si los tribunales se congestionan.

El BPI también dice que sólo las autoridades fiscales pueden "apoyar o implementar programas de reestructuración de la deuda eficientes".

Esta crisis ya ha creado enormes pérdidas de ingresos para empresas y pueden aumentar las pérdidas previstas, por lo que un "aumento de impagos de empresas es posible que ocurra", lo que exigiría una reestructuración de la deuda rápida y ordenada.

Asimismo, será crítico limpiar los balances y restablecer las condiciones para una recuperación sostenible.

El director general del BPI, el mexicano Agustín Carstens, dijo en la asamblea anual celebrada en la ciudad suiza de Basilea que "los Gobiernos deberían dar prioridad a la inversión en crecimiento sostenible, por ejemplo, impulsando transiciones energéticas para afrontar los riesgos relacionados con el cambio climático".

En la pandemia, que Carstens ha calificado de "acontecimiento definitorio de una generación", el papel de los bancos centrales ha experimentado una importante evolución, y se han centrado en proporcionar fondos a las empresas y hogares y, en las economías de mercado emergentes, se han dirigido hacia las intervenciones en los mercados de activos en moneda local.

Los bancos centrales desempeñaron un papel fundamental durante la fase aguda de la pandemia, trabajando con las autoridades fiscales para amortiguar los efectos económicos y financieros de la crisis y apoyar a empresas y trabajadores, sostiene el BPI.

Pero ahora "los Gobiernos deben asumir el liderazgo para promover una recuperación fuerte y sostenible".

La política monetaria sola no puede proporcionar un crecimiento económico sostenible mayor por ello son necesarias políticas fiscales que impulsen el crecimiento y reformas estructurales.

A pesar de las medidas de apoyo de la primera fase, Carstens prevé que "es posible que la incertidumbre frene la demanda agregada y el ritmo de recuperación" una vez que se levanten las órdenes de confinamiento.

Carstens también ha destacado en la asamblea que la actuación de los bancos centrales, aunque ha sido necesaria, puede amenazar su independencia y credibilidad porque debido a que muchos Gobiernos han tenido que incrementar la deuda pública, "muchas voces pedirán que los costes de financiación se mantengan artificialmente bajos".

También hay voces a favor de permitir el impuesto inflación para bajar el valor de la deuda soberana.

La idea de impuesto inflación considera que la inflación supone un impuesto del Gobierno a los ciudadanos, ya que al aumentar los precios baja el valor real de la deuda, lo que beneficia a deudores y estados, pero perjudica a ahorradores porque cae el valor real de sus ahorros y su poder adquisitivo.

Por ello Carstens considera que cuando llegue ese momento los bancos centrales deberán garantizar su independencia y cumplir sus mandatos.